“El control horario es la piedra base angular para mejorar la competitividad de las empresas”. De esta forma defendía Elena Benito, CMO de la empresa BeeBole Control Horario que ha lanzado una APP para la aplicación de esta nueva obligación instaurada por el gobierno, dentro de la jornada 'Desafíos del registro horario. Soluciones y lecciones aprendidas' celebrada este martes en el CEEI.
Benito explica que ante esta nueva reglamentación aplicada desde el 12 de mayo ha tropezado con diversos obstáculos desde su implementación. “Lo primero que sucede es que el proyecto de ley queda paralizado por la oposición. Al estar en standby, no le llega al empresario medio esa necesidad y se pierde un tiempo muy valioso que los empresarios podrían haber usado en preparar su organización para un cambio de este tipo. Dos meses para que todo un tejido empresarial mayoritariamente de pequeñas y medianas empresas se entere de qué va todo esto y se ponga a buscar una solución”.
Otra de las dudas, ha continuado Benito, era qué “la legislación se planteó como si de una directiva se tratase: dejando a cada empresa la facultad de escoger la forma y los medios, es decir, la libertad para elaborar su 'legislación interna'”. Esto supuso la crítica de los sindicatos porque exigían una ley que determinara de forma sectorial cómo se debe registrar la jornada, mientras sí contentó a los patronatos empresariales.
Otro punto tratado fue el rango de multas de 600 a 6.000 euros, cuestionando si es lo suficientemente efectista como para que determinada empresa saque la calculadora y considere que le sale más rentable arriesgarse a la multa que implementar una solución de control horario. Así Elena Benito señala que “se olvida que la multa sería mayor, porque luego vendrían los litigios y las indemnizaciones que aplicasen en caso que el trabajador haga uso de sus derechos, como es lógico y esperable en un estado de derecho”.
Con todo Benito apunta que “la lección aprendida desde España debería replantear a los futuros países miembros que convertir la ley en un mero mecanismo de control, cuando puede transmitirse a través de la maquinaria de propaganda oficial, como una mejora de la competitividad y del entorno de trabajo, es una oportunidad perdida. Por supuesto, siempre y cuando el registro de jornada se haga como se debe”.