Este miércoles, la comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica entrega su informe al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El documento, según avanza Cinco Días, está compuesto por más de 160 páginas de las que el 40% corresponden a votos particulares, lo que refleja la complejidad de un acuerdo entre los 21 miembros de la comisión -entre los que se encuentra el valenciano Francisco Pérez, designado por las Corts-. Es más, dos de los técnicos elegidos por el Ministerio de Hacienda denuncian falta de rigor, critican el funcionamiento de la comisión y se refieren a los representantes autonómicos como “expertos con bandera”.
De entre las conclusiones que se pueden extraer del documento elaborado por los 21 expertos se pueden destacar algunas de las reivindicaciones valencianas que han sido recogidas, pero también que se descartan otras cuestiones demandadas por el Consell y las Corts.
Como positivo para la Comunitat Valenciana se puede considerar el hecho de que los expertos abogan por eliminar el statu quo vigente de las comunidades autónomas que en un momento dado obtuvieron mejor cobertura de sus competencias, de forma que esta mayor financiación per cápita (que beneficia a autonomías como Cantabria, Extremadura, Aragón, Galicia, La Rioja o Castilla y León) se perpetúa en el tiempo de forma injustificada.
Así, la comisión considera necesario “eliminar” la cláusula de statu quo, al tiempo que recomienda que ninguna comunidad pierda recursos en términos absolutos. Esto se traduce en una eliminación paulatina del statu quo para mitigar sus efectos y limitar la pérdida de recursos.
Si bien esta recomendación está en concordancia con las reivindicaciones valencianas, la comisión también da un varapalo a la Comunitat Valenciana al rechazar las quitas de la deuda, tal y como han exigido en más de una ocasión las administraciones valencianas. Precisamente, el voto particular de Fracisco Pérez en el informe va en esta línea.
De este modo, la mayoría de los expertos de la comisión rechaza una posible quita de la deuda porque “generaría incentivos perversos de cara al futuro y sería injusto para las comunidades que han cumplido en mayor grado los compromisos de estabilidad fiscal”. No obstante, sí que apuestan por una “reestructuración transparente” de la deuda de las comunidades autónomas con el Estado y su regreso progresivo a los mercados. Con ello, se recoge una ampliación de los plazos de carencia y una rebaja de los tipos de interés.
Otras medidas
El texto de los expertos se refiere al IVA (proponen fijar un tramo autonómico, una medida que genera problemas), de modo que las comunidades autónomas puedan proponer y decidir sobre hipotéticas subidas de este impuesto a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera. También propone al Gobierno la armonización del impuesto de sucesiones para evitar las diferencias actuales, igual que en el de patrimonio, aunque permitiendo que haya autonomías, como Madrid, que no lo apliquen.
En cuanto al principio de ordinalidad, que implica que los mecanismos de solidaridad aproximen unas comunidades a otras, aunque sin invertir el orden original en financiación per cápita, se plantea un fondo básico de financiación, formado por los fondos propios y cedidos de las comunidades, y un fondo de nivelación vertical, nutrido con aportaciones del Estado y que se repartiría para “reducir la desigualdad” entre autonomías.
Por último, llaman la atención sobre la necesidad recalcular el cupo vasco y la aportación navarra de una manera más justa y favorable para el conjunto de España: “Las comunidades forales [País Vasco y Navarra] deberían comenzar de forma inmediata a contribuir a la nivelación interterritorial”.