LEER ESTE TEXTO EN CATALÁN
Tras el shock inicial por el cierre de la factoría y el fin de la movilización ciudadana, una especie de depresión colectiva se abatió sobre Sagunto, provocada por la sensación de pérdida de la seguridad conquistada en el pasado, el miedo presente al paro y la incertidumbre ante el futuro económico y del empleo, lo que se reflejaría durante años en una larga atonía de los principales indicadores sociales, incluido el demográfico, hasta el punto de que el censo de población se mantuvo estancado en torno a los 55.000 habitantes durante las dos décadas siguientes.
Entre la depresión y la resistencia
De ser un núcleo urbano y una comunidad social formada y desarrollada en torno a la fábrica, la crisis y posterior desmantelamiento de la misma significaban, de entrada, no sólo la quiebra de la trayectoria laboral de quienes en ella trabajaban sino el bloqueo de las expectativas de inserción de quienes confiaban hacerlo y, por extensión, de las del conjunto de la sociedad porteña. El modelo de trabajo fordista y masculino de la gran factoría iba desapareciendo conforme se desmantelaban las instalaciones de AHM y tras el estancamiento posterior a su cierre definitivo iría emergiendo una nueva realidad configurada por estructuras empresariales y laborales fragmentadas y diversas.
Pese a todo, los niveles de identidad obrera y cohesión social alcanzados antes y durante la batalla de Sagunto en la defensa del empleo y los derechos laborales, explican la capacidad de resiliencia colectiva frente a las efectos disruptivos de la crisis y sentaron la base del posterior proceso de recuperación.
En lo inmediato, AHM quedó como empresa sin actividad encargada de gestionar los pasivos resultantes del cierre de la cabecera, mientras que su tren de laminación en frío pasó a ser explotado por una nueva sociedad, Siderúrgica del Mediterráneo (Sidmed), que quedó inicialmente como filial de Ensidesa y junto a las empresas de reciente creación (Pilkington, Fertiberia y otras) absorbió a un total de 2.180 trabajadores.
Por su parte, el Fondo de Promoción de Empleo (FPE), creado en aplicación de los acuerdos de abril, clasificó a los excedentes laborales afectados por la reconversión en tres colectivos según cohortes de edad. Los obreros mayores de 55 años se acogieron a la jubilación anticipada sufragada por la empresa y el Estado y conforme cumplían los 65 años accedían a la pensión de jubilación normal que les correspondiese. En el otro extremo, los trabajadores menores de 35 años y los eventuales pasaron a percibir las prestaciones del seguro de desempleo a que tenían derecho mientras se tramitaba su recolocación. Por último, los integrantes del grupo intermedio fueron contratados de forma preferente en Sidmed (actualmente Arcelor-Mitttal) y las nuevas empresas instaladas. En 1987 el FPE había completado ya la recolocación de la práctica totalidad del excedente laboral de AHM y gestionado las percepciones de sus prejubilados.
Impacto de la crisis
Aunque durante años la tasa de paro registrado en la comarca del Camp de Morvedre se mantuvo por encima de la media de la Comunidad Valenciana, el impacto global de la crisis siderúrgica resultó a la larga menos negativo aquí que en el País Vasco y Asturias. Mientras que en Euskadi una segunda ronda de restructuración a mediados de los noventa supuso el cierre de todas las instalaciones de cabecera de AHV, incluyendo la acería y el TBC, en Asturias fueron apagados los hornos altos de Avilés, quedando el TBC reformado de Ensidesa desconectado de las restantes instalaciones de cabecera situadas en Gijón.
A finales de siglo la plantilla global del sector siderúrgico español se había reducido prácticamente a la mitad, de 43.000 a 22.000 trabajadores, en apenas una década. Al mismo tiempo, el déficit material de acero y derivados generado por la drástica reducción de su capacidad productiva transformó a nuestro país de excedentario a importador neto de productos siderúrgicos convirtiendo al Puerto de Sagunto, paradójicamente, en su principal vía de entrada, factores ambos que, si más no, obligan a una reflexión retrospectiva sobre el diseño y gestión de aquel difícil proceso de reconversión industrial.
Tras un primer intento reindustrializador que durante los años noventa supuso la instalación en Puerto de Sagunto de importantes empresas (Thyssen, Bosal, Galmed…) atraídas por la disponibilidad de suelo industrial (polígono gestionado por el SEPES) y el know-how de los técnicos y trabajadores de la zona, a principio de siglo el Ayuntamiento y la Generalitat, gobernados ambos por el Partido Popular, iniciaron la promoción de un nuevo Parque Industrial (Parc Sagunt-I) sobre los terrenos de la antigua AHM (9,5 millones de metros cuadrados), con más fanfarria publicitaria que capacidad de gestión real, siendo inaugurado sucesivamente por los presidentes Zaplana y Camps tras una década de inactividad y mientras otra crisis económica golpeaba de nuevo duramente a una comarca que apenas había iniciado su recuperación: entre 2008 y 2013 el paro se triplicó pasando de 4.924 a 13.981 desempleados registrados (27,6% sobre la población activa), como resultado de los ajustes de plantilla y cierre de varias empresas.
Proceso de reindustrialización
A partir de 2016 el cambio de ciclo económico y político supondrá un renovado impulso para la reactivación económica de la zona (central térmica, regasificadora, desalinizadora, proyecto de Parc Sagunt-II…), abriendo un significativo debate sobre si el modelo a desarrollar debía tener una orientación preferentemente industrial o terciaria. Mientras que el equipo nacionalista que gobernaba entonces el Ayuntamiento (cuya base electoral se concentraba en el núcleo histórico de la ciudad) y varios colectivos ecologistas se oponían a la instalación de las nuevas empresas por considerarlas contaminantes y depredadoras del entorno natural, los sindicatos y partidos mayoritarios de la izquierda (de implantación transversal aunque ampliamente mayoritaria en El Puerto) defendían un crecimiento sostenible que optimizase las infraestructuras materiales y recursos humanos disponibles, para garantizar una justa y necesaria recuperación económica y del empleo que reparase el impacto negativo de las anteriores crisis y abriera nuevas expectativas de futuro.
La crisis de la COVID iniciada en el primer trimestre de 2020, frenará temporalmente el proceso de reactivación económica en curso, aunque el escudo social implementado por el gobierno de coalición progresista (ERTEs, reforma laboral, incremento del salario mínimo…) paliará en buena medida sus efectos más devastadores. En la comarca del Camp de Morvedre los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo gestionados por el SEPE garantizaron el mantenimiento de casi 10.000 empleos (28,5% del total) y el salario correspondiente de los trabajadores afectados durante los meses centrales de la pandemia, facilitando luego la normal recuperación de la actividad productiva.
Desde entonces el proceso de reindustrialización de Sagunto y su comarca no ha dejado de avanzar, convirtiendo de nuevo a la zona en referente industrial, hasta el punto de que el último estudio del Instituto Nacional de Estadística sobre áreas urbanas funcionales la sitúa en el tercer puesto en el ranking de empleo industrial (23,5%), doblando prácticamente la media nacional (13,3%).
El más importante hito hasta el momento de dicho proceso ha sido el compromiso de la multinacional Volkswagen de instalar unas gigafactoría de baterías en Parc Sagunt-II, tras laboriosas negociaciones impulsadas durante 2022 por el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, que contaron con el apoyo de los principales agentes sociales, económicos e institucionales de la Comunidad. Con una inversión prevista de 4.500 millones de euros y la creación de más de 3.000 empleos directos y 12.000 indirectos, la primera fase del proyecto, que ha generado un razonable optimismo entre la población de la zona, se espera que entre en funcionamiento en 2026 y el resto a final de la década, junto a otras importantes inversiones en infraestructuras (ampliación portuaria, conexión ferroviaria, estación intermodal…) que consolidarán al Puerto de Sagunto como nodo geoestratégico del eje mediterráneo.
Cabe hacer constar, finalmente, que durante estas cuatro décadas de crisis y recuperación, las organizaciones sindicales han tratado, no sin dificultades, de adaptar sus recursos y estrategias a los profundos cambios registrados tanto a nivel general como en su ámbito más inmediato de intervención, renovando sus estructuras, liderazgos y programas de trabajo, revalidando su representatividad y capacidad de interlocución e impugnando en la práctica el tópico discurso sobre su inevitable obsolescencia.
Con algunas oscilaciones registradas a lo largo del período, la afiliación sindical en la comarca sigue siendo superior a la media, situándose en torno al 25% sobre la población asalariada, distribuyéndose entre los 5.100 adscritos a CC.OO., 1.500 a UGT y algunos centenares más entre organizaciones menores.
En cuanto a la representatividad derivada de las elecciones sindicales que, con periodicidad cuatrienal, se celebran en las empresas con una plantilla superior a los 10 trabajadores, su cobertura ha evolucionado en función del ciclo económico (altas/bajas de empresas, ampliación/reducción de plantillas) alcanzando en la actualidad a 216 empresas y más de 25.000 trabajadores del Camp de Morvedre que, en la última convocatoria de 2023, habrían elegido un total de 836 delegados sindicales (300 más que en 1990), de los que el 46,5% pertenecen a CC.OO. y el 31,3% a UGT, que actúan cotidianamente como interlocutores ante sus respectivas empresas en defensa de los intereses y derechos de los trabajadores de las mismas.
La evolución reciente del sindicalismo porteño registra, asimismo, algunas transformaciones cualitativas especialmente significativas tanto en la composición morfológica de su afiliación (creciente presencia de trabajadoras y trabajadores de sectores terciarios y profesionales) como las derivadas del cambio generacional y de género en sus liderazgos, lo que constituye un claro indicador de la capacidad de renovación de las organizaciones obreras.
Especialmente novedosa resulta la acción sindical en las grandes empresas multinacionales instaladas en la zona (Arcelor-Mittal, Pilkington, Thyssenkrup), con una plantilla que en conjunto supera los 1.300 trabajadores y cuyos representantes sindicales forman parte de los respectivos Comités de Empresa Europeos, participando del nuevo modelo de relaciones laborales de ámbito global, lo que demuestra haber superado también en este ámbito los anteriores límites de la factory-town.