Una reforma del sistema de financiación no resolverá la deuda de las comunidades sin una quita del Estado

Todo se reduce a un error de cálculo, una diferencia entre las estimaciones y la realidad. El sistema de financiación autonómica provoca una brecha entre la financiación efectiva y las necesidades de gasto reales de las comunidades, que acarrea problemas a largo plazo. La falta de financiación es la principal causa de endeudamiento de la Comunidad Valenciana y ya supone el 44% de su deuda total. Esta falta de recursos, de 300 euros por habitante respecto a la media estatal, provoca que la comunidad recurra a la deuda y a un aumento de la presión fiscal; requiere de más impuestos para poder ofrecer los servicios públicos fundamentales.

Esta es una de las conclusiones de la jornada Deuda y sostenibilidad de las finanzas autonómicas, organizada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) que ha reunido este miérco0les a expertos en financiación autonómica para analizar el problema de la insuficiencia de recursos de manera estructural.

La modificación del sistema de financiación de 2009, ya caducado, provoca desequilibrios adicionales tanto en la cuantía, con un problema de insuficiencia colectiva, como en la distribución de los recursos por territorios. Es un problema del cálculo teórico, que es poco realista y provoca una infrafinanciación del conjunto de las comunidades de régimen común, apuntan los expertos, que consideran que es un problema que va a agravarse. En concreto, apunta Francisco Alcalá, investigador del IVIE, hay una diferencia del 11% entre la financiación teórica -la “financiación normativa”- y la real -la “financiación efectiva”-. “Las diferencias entre comunidades autónomas de régimen común han sido mayores y más perjudiciales de lo que pensábamos”, afirma.

El endeudamiento de las comunidades autónomas supera ya los 300.000 millones de euros y representa el 225% de los ingresos ordinarios de las comunidades. De esta cifra, un 60% está en manos del Estado como consecuencia de la existencia de mecanismos extraordinarios de financiación, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA); un préstamo que el Estado hace a las administraciones autonómicas.

La Comunitat Valenciana se encuentra especialmente afectada por las circunstancias mencionadas, como consecuencia de que los recursos con los que cuenta son, por habitante ajustado, los menores de todas las comunidades desde hace décadas, con una diferencia de 300 euros per cápita respecto al resto de territorios. En términos de infrafinanciación acumulada por habitante ajustado, la Comunitat Valenciana también se sitúa en primer lugar con 3.763€ seguida de Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Los efectos del boom imobiliario

El error arranca con el primer modelo de financiación, acordado en 2004. En este sistema los ingresos de las comunidades autónomas están infraestimados. Las comunidades del arco mediterráneo, que vivieron el boom de la construcción en la primera década de los 2000, compensaron la falta de recursos del Estado con la recaudación de los tributos vinculados a las operaciones inmobiliarias (el impuesto de actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales). Y en 2009, cuando la burbuja ya ha estallado y se negocia el sistema, el modelo cambia a una estimación que, aunque más realista para el conjunto de comunidades, provocando un cálculo más optimista que la capacidad real de recaudación en estos territorios.

“La compensación que implícitamente te daba el sistema antes de 2009 gracias al boom de la recaudación de ese impuesto desaparece a partir de 2009, con lo cual la financiación efectiva se deteriora aun más. Y desaparece tanto porque deja de haber boom inmobiliario como porque se modifica el método de calculo de la recaudación que se ha cedido”, apunta Francisco Alcalá, investigador del IVIE.

La respuesta a la infrafinanciación

La falta de recursos para las comunidades tiene un impacto directo en sus habitantes. Por una parte, requiere mayor esfuerzo para prestar servicios públicos básicos, lo que hace que las administraciones tengan que recurrir al endeudamiento o a una mayor presión fiscal para sufragarlos. “El debate sobre subir y bajar impuestos no es un tema de gustos, es un tema de tener recursos suficientes; cuando tienes problema de infrafinanciación tienes que sacar recursos de donde sea”, recalca el investigador en su intervención.

A medida que se acumula la infrafinanciación, crece la deuda, y lo hace en mayor proporción. Si por cada euro de infrafinanciacion se aumenta en 0,30 euros la deuda, cuando la infrafinanciación supera el 20% el impacto crece hasta los 0,70. En la Comunitat Valenciana, donde se ha superado el 30%, cada euro de infrafinanciacion se traduce en un euro de deuda, apunta el Economista.

La respuesta al embrollo es compleja y requiere de una acción del Estado, coinciden los expertos en la jornada. En el caso de recurrir a los mercados financieros los intereses serían inasumbiles, llegando a una cuarta parte de los recursos de la Comunitat Valenciana. “Es imposible volver a los mercados si el Estado no asume una parte de la deuda, una quita sustancial”, recalca el investigador. “La conclusión es que, en el hipotético caso de una reforma «ideal» del sistema, la deuda acumulada seguiría siendo insostenible a menos que el Estado siguiese subvencionando el pago de los intereses”, destaca el informe presentado por Álvarez.