Las Corts Valencianes aprobaban hace diez días la nueva Ley de Estructuras Agrarias impulsada por el Consell del Botànic como un “instrumento fundamental para abordar los cambios en los fundamentos que el sector productivo agrario valenciano requería desde hace tiempo”, tal y como señalaba la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, para quien esta norma servirá para fortalecer al sector frente a crisis como las que padece actualmente en el ámbito citrícola.
Entre las principales novedades que incorpora el texto se encuentran: la creación de la figura de agente dinamizador, como persona que impulsará técnicamente la gestión del territorio; la creación de un mapa agronómico que constituirá una herramienta de planificación para las políticas agrarias de la Generalitat para todos los agentes del sector; se define el suelo agrícola infrautilizado con el objetivo de poder inventariar la magnitud del problema de las parcelas abandonadas y hacer un seguimiento de las mismas.
Además, se crea una red de tierras, o red de oficinas gestoras de tierras como una herramienta destinada a movilizar parcelas en favor de agricultores profesionales y de iniciativas de gestión común; se crea la figura de la Iniciativa de Gestión Común (IGC); se plantean medidas de apoyo público a la reestructuración parcelaria con apoyo del Consell; o se introducen incentivos fiscales a la adquisición y al arrendamiento de fincas rústicas.
En definitiva, la nueva Ley de Estructuras Agrarias sienta las bases para un necesario cambio estructural de la agricultura valenciana, un sector estratégico aquejado de debilidades tales como el elevado minifundismo, la dispersión parcelaria, la excesiva relevancia de la agricultura a tiempo parcial, el envejecimiento o la falta de relevo generacional, junto a la escasa movilidad del mercado de tierras y la atomización de las estructuras comerciales, que sitúan a los productores en una situación de desventaja en la cadena de valor. Se trata de una norma que servirá para “afrontar los retos del siglo XXI”, en palabras de Cebrián.
La evolución del sector
Como recuerdan desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), en los últimos 20 años se han abandonado unas 35.000 hectáreas de cultivos de cítricos; la edad media de los profesionales del sector agrario se ha elevado de 48 a 64 años; el número de personas ocupadas en el sector ha caído en un 70% y el tamaño medio de las explotaciones en las zonas de regadío no supera la hectárea. “La consecuencia de estas debilidades es una continua pérdida de rentabilidad”, sostienen.
Ante la magnitud de los problemas se hace necesaria “una acción integral sobre las estructuras agrarias que ofrezca posibilidades para que puedan existir en la agricultura valenciana explotaciones viables”. “La nueva ley pretende recuperar una política agraria y alimentaria propia reforzando, favoreciendo y agilizando las estructuras para hacer que nuestra producción sea competitiva, rentable y sostenible”, indican.
También, reforzar sus señas de identidad (la calidad, la diversidad en productos y temporadas, la regularidad en la oferta y el saber hacer) y el papel que la agricultura puede jugar en la conservación de recursos como el suelo y el agua, así como en la lucha contra el cambio climático.