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La empresa de la exdirectora de Mazón que dejó sin ayudas al alquiler a 4.000 personas gana un contrato de 1,2 millones

Lucas Marco

València —
28 de octubre de 2024 22:03 h

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Una empresa de la exdirectora general de Vivienda de Carlos Mazón se ha llevado una adjudicación a dedo de la Generalitat Valenciana de 1,2 millones de euros en el marco del programa de termalismo en balnearios. Se trata de la sociedad familiar Agrupación de Balnearios de Villavieja SL, de la cual Ana Isabel Caballer Almela ostenta una participación por un valor de 28.800 euros, según figuraba en su ficha del Portal de Transparencia. Caballer cesó en su puesto de directora general el pasado 4 de agosto mientras otra dirección general de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, de la que Caballer era alto cargo, ya tenía iniciado el proceso de licitación, negociado sin publicidad y de tramitación urgente, al que optaba la mercantil.

El anuncio de adjudicación reseña que Agrupación de Balnearios de Villavieja SL presentó la proposición más ventajosa y la “mejor relación calidad-precio” respecto a los criterios de la conselleria dirigida por la popular Susana Camarero.

Caballer dejó a 4.000 solicitantes sin ayudas al alquiler para 2023. El Consell de Mazón, tal como informó este diario, reconoció que no puso ni un euro para las ayudas al alquiler escudándose en el “agotamiento” de la financiación de la línea presupuestaria de las cuentas públicas de la Generalitat Valenciana para atender el programa. A finales del pasado mes de agosto se conoció la dimisión de la directora general, quien adujo que se marchaba para atender a sus empresas. “Tenemos proyectos en marcha y a punto de desarrollar. La gestión política requiere que estés al cien por cien, por eso, tras valorarlo, he decidido dejar paso a otra persona”, afirmó. 

El proceso de licitación, del que se encargaba la dirección general de Dependencia y Personas Mayores, se inició dos meses antes de su dimisión. Los componentes iniciales de la mesa de contratación fueron nombrados el 7 de junio. El pasado 21 de junio, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda publicó los pliegos de la adjudicación, por un valor global de 11,6 millones de euros y con un total de 26.950 plazas en cuatro años.

Se trata de estancias y tratamientos termales, con actividades de animación sociocultural, en un contrato de cuatro lotes a ejecutar en los balbearios valencianos que dispongan de manantial de aguas minero-medicinales, declaradas de utilidad pública y con instalaciones adecuadas para acoger a personas mayores.

El 2 de agosto, dos días antes de la dimisión de Ana Isabel Caballer, la dirección general de Dependencia y Personas Mayores sustituyó a algunos componentes de la mesa de contratación. En una sesión de la mesa de contratación del pasado 7 de agosto, tras el cese de la responsable de Vivienda, se abrieron los sobres presentados por las empresas que optaban a la licitación, entre ellos la empresa de la que era accionista Caballer, que se interesaba por el lote 3, correspondiente al balneario de La Vilavella, un municipio castellonense situado a los pies de la Serra d'Espadà.

Ana Caballer volvió tras su dimisión a figurar como apoderada de Gestión Balnearia SL, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil. También había sido consejera delegada y apoderada de Agrupación de Balnearios de Villavieja SL, que gestiona el balneario de La Vilavella. En su declaración de bienes del portal de transparencia 'GVA Oberta', Caballer anotaba participaciones en ambas empresas por un monto total de 42.642 euros.  

Fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda alegan que la empresa resulta adjdudicataria cada año, desde hace más de una década, del programa de termalismo al cumplir requisitos tales como contar con una licencia de balneario. Las mismas fuentes indican que, mientras Ana Isabel Caballer ostentó el cargo de directora general, no participaba en la gestión de la empresa en la que mantenía una participación y desvinculan su cese de cualquier supuesto de incompatibilidad relativo a la licitación.