Una empresa pantalla del PP de Valencia pagó un mitin de Rajoy para encumbrar a Rita Barberá

La documentación aportada a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el exasesor del PP Jesús Gordillo desvela los tejemanejes del partido con su instrumento local para alimentarse de fondos en B. Las empresas contratistas del Ayuntamiento de Valencia hinchaban al grupo Laterne, del fallecido Vicente Sáez, que a su vez abonaba los gastos de los suntuosos actos electorales de los populares. Es el caso de un mitin de un tal “M. Rajoy”, un apunte idéntico al de los 'papeles de Bárcenas', en Valencia para presentar a Rita Barberá como candidata a las elecciones municipales y autonómicas de 2007.

Los apuntes contables de la firma Laterne Product Council SL, en el ojo del huracán de la pieza A del 'caso Taula', reflejan el gasto de 233.401 euros en el acto electoral, según figura en el sumario. El pago del acto unificó dos vías de financiación presuntamente ilegal: la empresa Orange Market de la 'trama Gürtel' y la herramienta que aportaba fondos en B al PP de Valencia. 

El auto de procedimiento abreviado dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia revela los “procedimientos clandestinos” del PP de Valencia para financiar sus campañas electorales. “Fue una sobrefinanciación articulada exclusivamente en el ámbito local del partido que, no hay que olvidar, se confundía plenamente con la actividad política y económica del grupo municipal del Partido Popular”, reza el auto.

Las pesquisas se iniciaron gracias a la documentación aportada por el asesor popular Jesús Gordillo, una persona de la máxima confianza del entonces vicealcalde Alfonso Grau. El juez sitúa a Grau como el “recaudador” de los fondos “sustraídos a la regularidad y transparencia contable”, mientras que a María del Carmen García Fuster, responsable del grupo municipal y persona de la máxima confianza de Rita Barberá, le endosa el papel de administradora del dinero en B.

Alfonso Grau, que permanece en prisión, es el último de los investigados en el marco del 'caso Azud', un sumario aún secreto sobre la presunta corrupción en el urbanismo de la era de Rita Barberá. De hecho, en la declaración de Gordillo, aparece el protagonista de la trama Azud: el abogado José María Corbín, esposo de la hermana y jefa de gabinete de Rita Barberá. Corbín, según declaró el asesor, era el letrado de una filial de Laterne que cobraba 150.000 euros a los empresarios para “intentar repartirse el mercado” de adjudicaciones públicas.

El juez del 'caso Taula' considera que existen indicios suficientes para procesar a Grau por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de cohecho impropio. Los investigados Juan-Eduardo Santón y José Salinas, responsables respectivamente de una empresa municipal y de una fundación pública, serían cooperadores necesarios o, subsidiariamente, cómplices del presunto delito de malversación. 

El juez también ha decidido que se reabran las actuaciones contra el exdiputado autonómico Miguel Domínguez que se seguían en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), al estar aforado en su momento.

La pieza A del 'caso Taula'

La documentación aportada por Gordillo permitió a los investigadores de la UCO tirar del hilo para confirmar la contabilidad paralela y clandestina del PP de Valencia. Los agentes de la Guardia Civil intervinieron durante el registro al grupo municipal del PP unas libretas de María del Carmen García Fuster que reflejan la contabilidad desde 1995, fecha en que Rita Barberá inicia sus 24 años al frente de la alcaldía. Sin embargo, al haber prescrito, la investigación sólo se remonta a tres campañas electorales desde 2007.

La pieza A del 'caso Taula' retrata las tres campañas electorales del PP de Valencia bajo sospecha. En la de 2007, el partido (procesado como persona jurídica) recurrió al entramado de Laterne; en 2011, la encargada de la campaña fue la empresa Trasgos, mientras que en 2015 los concejales y asesores de la formación conservadora fueron pillados utilizando el método de presunto blanqueo conocido como 'pitufeo'. Los 49 excargos procesados ingresaron una aportación de 1.000 euros que luego les fue devuelta con dos billetes de 500. “Un hecho plenamente acreditado y reconocido”, asegura el auto.

Algunos de los trabajadores del grupo municipal se negaron a participar en la operativa al olerse que no era legal. Una de las asesoras declaró que el asesor Luis Salom le había asegurado que el grupo municipal “tenía fajos de dinero en efectivo”.