Una empresa del 'yonki del dinero' investigada en el 'caso Taula' pagó tres campañas electorales del PP valenciano

Trípticos, merchandising, carteles, publicidad en medios y hasta 50 kilos de caramelos. La empresa Thematica Events SL, controlada “veladamente” por Marcos Benavent, autodenominado yonki del dinero, abonó 47.829,5 euros para sufragar tres campañas electorales del Partido Popular valenciano.

El auto de incoación de procedimiento abreviado de la magistrada sustituta del Juzgado de Instrucción número 18 de València sobre la pieza separada J del caso Taula, al que ha tenido acceso elDiario.es, desvela que Thematica Events SL pagó 8.147,5 euros para la campaña electoral del PP en Vilamarxant, cuya candidatura encabezaba el actual diputado en el Congreso Vicente Betoret; 11.782,77 euros para los gastos electorales del candidato en Montcada Juan José Medina (número dos de Alfonso Rus en la Diputación de València e investigado en el caso Taula), y 27.900 euros para trabajos electorales de la campaña del PP a las elecciones generales del 9 de marzo del 2008. “Los trabajos que se ejecutaron debieron ser considerados a efectos contables como gastos electorales, sin embargo los mismos no fueron declarados”, afirma la jueza en el auto. 

Rafael García Barat, socio del yonki del dinero e investigado en la causa, vendió a Benavent en 2004 el 39,93% de las acciones de Thematica Events SL, aunque el contrato privado de venta de las participaciones nunca se llegó a inscribir en el Registro Mercantil, con lo que el exgerente de Imelsa, la empresa pública de la Diputación de València, pudo manejar “veladamente” la mercantil sin figurar oficialmente. La investigación del caso Taula ha detectado que Thematica Events SL mantuvo relaciones comerciales con la Fundación Jaume II El Just cuando Benavent estaba destinado por el PP en esta fundación inspirada y creada por Francisco Camps.

La firma confeccionó para Juan José Medina, el entonces candidato del PP en Montcada, 20.000 dípticos y trípticos, 50.000 boletines publicitarios, un millar de carteles, un centenar de programas electorales y 9.000 sobres para papeletas. Además, creó un banner de publicidad para una página web, insertó publicidad en Levante-EMV y Las Provincias y adquirió 50 kilos de caramelos. En total, los trabajos electorales no declarados ascendieron a 11.782,77 euros, sin IVA.

La campaña del actual diputado del PP en el Congreso Vicente Betoret para las municipales de Vilamarxant también contó con los servicios de Thematica Events SL. La empresa contrató cuatro vallas y confeccionó 3.500 tarjetas para buzones, 3.500 desplegables, 3.500 unidades de carteles y pancartas, un vinilo para un vehículo Smart, 3.500 ejemplares del informe de gestión y otras tantas unidades de flyers y sobres. Así, la campaña tuvo un coste para la mercantil de 8.147,5 euros, sin contar el IVA.

Thematica Events SL también ejecutó trabajos para el PP valenciano en las elecciones generales del 2008, por 27.900 euros, para la inserción de carteles publicitarios en líneas de autobús. “El importe de todos estos trabajos se habría satisfecho con fondos públicos procedentes de Imelsa, a través de facturación con cargos que no responderían a los trabajos efectivamente realizados, ni al coste real de los mismos”, sostiene la magistrada.

Juanjo Medina, la antigua mano derecha de Alfonso Rus, era el coordinador de aquella campaña y “debió ser conocedor” del hecho de que los gastos electorales “no fueron abonados por el Partido Popular”, tal como evidencia la documentación intervenida durante el registro del domicilio del ex vicepresidente de la Diputación de València, procesado también por malversación y estafa en otra causa. En la relación de gastos electorales del PP no figuran estos pagos.

La magistrada recuerda que Thematica Events SL obtuvo el contrato del servicio de Bibliobús por parte de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València, entonces en manos de la fallecida edil María José Alcón. La adjudicación, a pesar de tener un presupuesto real de ejecución de 89.431 euros, se fraccionó en contratos menores inferiores a 18.000 euros. “El perjuicio económico ocasionado al Ayuntamiento de Valencia ascendió a 53.364,18 euros, al ser el coste real de los servicios prestados de 35.955,38 euros”, asegura el auto. La magistrada también ha procesado a las funcionarias del Ayuntamiento de València María Francisca Tamarit Vallés y María Amparo Albors Rodrigo, encargadas de los expedientes troceados del servicio del Bibliobús.

Los fondos obtenidos por Thematica Events SL sirvieron para una presunta operación de blanqueo de capitales con la adquisición de una vivienda en Xàbia y de un aplaza de aparcamiento en el centro de València. La firma Berceo Mantenimientos SL, administrada por dos supuestos testaferros de Benavent, carecía de trabajadores y de capacidad de realizar ningún trabajo real, “por lo que la facturación realizada era falsa”.

La sociedad adquirió un inmueble en Residencial Venecia de Xàbia, además de una plaza de garaje y un trastero en el mismo complejo, por 192.600 euros, abonados con un cheque bancario. El dinero, según apunta el auto, provenía en realidad de la facturación a Imelsa de Thematica Events SL.

La vivienda en Xàbia se vendió siete años después por 295.000 euros. “Todas estas operaciones”, apunta la magistrada, “posibilitaron el ocultamiento del origen real de los fondos y su reingreso al circuito financiero como si se tratase de fondos lícitos”.  

El auto de la jueza procesa a Medina, a Marcos Benavent y a sus supuestos testaferros José Estarlich y Jaime José Úbeda Merino, al empresario Rafael García Barat, a José Enrique Montblanch, exdirector financiero de Imelsa, y a varios empresarios que facturaron por trabajos no realizados en el marco del espectáculo audiovisual Metamorphosis impulsado por Imelsa en colaboración con el Museo Valenciano de Ilustración y Modernidad (Muvim), cuya contratación, a pesar de no haberse hecho mediante un procedimiento abierto, costó 234.645,07 euros. La pieza separada J del caso Taula investiga la comisión de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.