El empresario Fernando Roig sobre el préstamo de 1,7 millones a Carlos Fabra: “Era amigo mío y me apeteció”

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el empresario Fernando Roig le prestó, de momento a fondo perdido, 1,7 millones de euros a Carlos Fabra por el pago de una deuda de 8,1 millones del Aeropuerto de Castellón al Villarreal CF, el club de fútbol de su propiedad. Sin embargo, Roig declaró ante el juez instructor de la causa que fue puramente por amistad. ¿Por qué desde su cuenta personal y no desde sus mercantiles?, le pregunta el juez Jacobo Pin en referencia a los últimos tramos del supuesto préstamo. “Pues porque era amigo mío, porque tengo el dinero en la cuenta y podía ayudarlo y me apeteció, quise o le pude ayudar y le ayudé”, responde el empresario, de brazos cruzados durante toda su declaración a la que ha tenido acceso elDiario.es.

El dueño del Villarreal CF, un equipo que obtuvo 18,7 millones de euros en patrocinios del Aeropuerto de Castellón, alegó ante el magistrado que Fabra necesitaba dinero para hacer frente a “gastos de Hacienda, abogados y demás” y que como “en aquel momento Carlos estaba en todos los periódicos” creyó oportuno vehicular la primera parte del préstamo a través de su sociedad Migumi SL para salvar la hipoteca millonaria que mantenía el expolítico del PP sobre su vivienda en la lujosa urbanización de Les Platgetes de Oropesa.

“Después del préstamo hipotecario sí que vino Carlos, me dijo que estaba a punto de entrar en prisión, y que necesitaba para terminar de pagar abogados y, entonces, de mi cuenta personal le di un préstamo de 300.000 euros (...) que creo que vence en marzo del 22”, relata Roig.

—¿Le ha pedido justificación de que ese dinero era para afrontar sus responsabilidades pecuniarias?— pregunta el juez.

—Él me dijo que era para resolver problemas— responde Roig.

—¿Él se ha ofrecido [a devolver el préstamo]?— repregunta Jacobo Pin.

—No.

—Y por lo que parece, no le ha devuelto ninguna de esas cantidades— abunda el magistrado.

—No— contesta el empresario.

El préstamo jamás devuelto le puede costar aún más caro a Roig, que se enfrenta, al igual que su hijo (también procesado) a una petición de pena por parte de la Fiscalía Anticorrupción de cuatro años y siete meses de prisión por los supuestos delitos de cooperación necesaria en la insolvencia y cohecho.

Enrique Gimeno: “Fue un error por mi parte”

El otro empresario que se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Valencia, el dueño de Facsa, Enrique Gimeno, declaró ante el juez que Carlos Fabra le pidió ayuda económica para conseguir avales: “Coincidimos en una cena y me pidió ese favor personal, era en definitiva garantizar un aval que él necesitaba, no dimos en ningún momento dinero”.

Gimeno contactó con su director financiero que le dijo que el pago debía ser “en efectivo”. “En ese momento, ni yo ni mis hermanos tenemos disponibilidad de ese efectivo y es cuando vemos la posible solución a través de una empresa [que] tiene liquidez y, entonces, lo que hace es pasar un activo a otro activo, con el convencimiento, con la información que me da a mi Carlos de que esto no va a llegar a ningún término y, con la experiencia que tengo yo con la otorgación de avales por concursos públicos, que nunca he tenido una mala experiencia”.

“Me presenta la declaración de la renta y él tiene bienes para cubrir esta situación y lo que me dice es que, en el caso remoto de que algo tenga que ejecutarse, él paga el crédito”, abunda el empresario. Años después, cuando se ejecuta el crédito, “lo primero que hago yo es ponerme en contacto, creo que él está en la cárcel en ese momento, me pongo en contacto con un familiar, vamos al registro y vemos que todas las propiedades están embargadas”.

Dada la nueva situación procesal de Carlos Fabra, que se enfrenta a su segundo juicio por corrupción y a cuyo “grupo familiar” Anticorrupción pide una multa de que asciende a 18 millones de euros, difícilmente puede hacer frente a los avales, tal como reconoce Gimeno: “Aún tenemos plazo para reclamar, estamos en contacto, dice que va a hacer todo lo que pueda pero creo que las posibilidades son muy complicadas”. “Estamos en conversación y la información que tenemos a fecha de hoy es que está todo embargado”, apostilla.

El empresario, condenado por financiar ilegalmente al PP, explica al juez la amistad personal entre las familias: “Nos conocemos en Castellón de toda la vida”, dice. Se trata de una amistad que “viene de generaciones porque incluso su padre fue abogado de mi familia, de mi abuela y de la generación dos antes y una antes”. El dueño de Facsa alude, sin nombrarlo, a su abuelo Enrique Gimeno Tomás (Les Useres, 1862 - Castellón, 1947), que se convirtió en el mayor propietario agrario de la huerta castellonense y en el tercer mayor dueño de tierras de la provincia. Los lazos que unen ambas familias, dedicadas ora a los negocios ora a la política, se remontan a un siglo atrás.

Gimeno tomó “personalmente” la decisión de avalar a su amigo Carlos Fabra a través de la mercantil en la creencia de que “no existe riesgo” y sin avisar al Consejo de Administración de la firma dedicada al abastecimiento de agua. Hasta 2016, “ignoraban la garantía”, explica. “Es cuando sí que [lo] comunico al consejo, a mis primos y a mis hermanos que, en definitiva, tenemos la inmensa mayoría de la sociedad”. “Fue un error por mi parte pero yo pensé que no había ningún riesgo”, reconoce ante el juez.

La decisión de usar la empresa (y no, como Fernando Roig, su cuenta bancaria personal) le puede costar cara a una firma que vive de las adjudicaciones públicas, dada su especialización en la gestión del agua. Además de nueve meses de prisión por un supuesto delito de cohecho para el empresario, la Fiscalía Anticorrupción pide para la sociedad la inhabilitación durante un año para contratar con el sector público. Aunque el empresario niega que el favor a Fabra tenga que ver con la contratación de Facsa por parte de la Diputación de Castellón, que presidió el entonces líder del PP entre 1995 y 2011.

La declaración del empresario acaba con las preguntas de rutina que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal como le explica el juez.

—¿Tiene antecedentes penales?

—Eh, tengo una situación de Gürtel, estuve en Madrid— balbucea el empresario.

—¿O sea tiene antecedentes penales?— repregunta el magistrado Jacobo Pin.

Gimeno mira a su abogado y responde: “Sí”.