Segunda jornada del juicio y segundo jarro de agua fría para el Partido Popular. Conforme avanzan las sesiones y se van mostrando las estrategias de defensa, las confesiones y las autoinculpaciones, la trama Gürtel está pasando de ser -como afirmaba María Dolores de Cospedal- una red corrupta montada contra el PP a convertirse en una gran red de generación de dinero negro construida y dirigida por el PP.
El segundo día de la vista oral de la rama valenciana del caso Gürtel puede ser clave. Dos de las cuatro patas necesarias para orquestar la trama de financiación ilegal del PP señalan a los dirigentes del partido que dirigió Francisco Camps como los responsables de coordinar a los empresarios -paganos y generadores del dinero negro a cambio de contratos públicos- y a los hasta ahora cabecillas de la trama, quienes organizaron y costearon los actos electorales con el dinero ilícito recaudado.
Solo faltaría por conocerse quiénes son las personas del Gobierno de Camps que influyeron para adjudicar obras a las empresas que pagaban los actos del PP a través de Orange Market, la empresa que presidía Francisco Correa, dirigía Pablo Crespo y cuyo comercial en la Comunitat Valenciana era Álvaro Pérez “El Bigotes”.
El juicio se calienta
La jornada del miércoles, donde serán interrogados Crespo, Pérez y otras dos personas vinculadas a la empresa, Cándido Herrero y Ramón Blanco Balín, podrán dar más información sobre esta incógnita -la de la caja del dinero público- que todavía está por señalar. También para apuntalar o no las graves acusaciones de Correa sobre la cúpula del PP de Camps.
Después, seguramente el jueves, declararán los políticos valencianos que se encuentran cada vez más acorralados.
Ha empezado mal la jornada del martes para los intereses del PP valenciano. Los nueve empresarios acusados han reconocido en su declaración que hicieron donaciones ilegales del PP a través del pago de actos electorales en las campañas autonómicas y municipales de 2007 y generales de 2008. Apuntan en su escrito ratificado que al ser contratistas de la Generalitat valenciana no podían hacer donaciones, por lo que interpusieron a Orange Market, que era quien les hacía la factura por servicios que nunca les realizó. Todo ello a sabiendas de que era falso.
Pero ha tenido que ser “el jefe de la Gürtel” el que definitivamente haya hundido a los políticos del PP y haya elevado a la cúspide de la trama al Partido Popular de Francisco Camps. Correa, que ya confesó en un escrito antes de la vista oral, ha culpabilizado a los políticos del PP de la financiación irregular y de haberles obligado a cometer los delitos.
“Pablo Crespo vino muy enfadado a Madrid porque le obligaban a cobrar los actos del PP a los empresarios. Él venía de la política y sabía que esto nos traería problemas”, ha explicado Correa. ¿Quién tomó la iniciativa? Ha sugerido la fiscal. A lo que el cabecilla de la trama ahora en prisión ha respondido con rotundidad: “El PP”.
El PP como corruptor
Y entonces ha iniciado su justificación. “Si no lo hubiéramos hecho –facturar a las empresas valencianas- habríamos tenido que quebrar y cerrar. Nos debían medio millón de euros”. “Nos ha pasado como a los empresarios, que estarían obligados a pagarnos a nosotros para que no les bajara el trabajo en sus respectivas circunscripciones”, ha manifestado.
Y ha despejado la X. Correa ha declarado a preguntas del Abogado del Estado que Pablo Crespo le contó que “fue Ricardo Costa quien nos dijo que facturáramos a los empresarios los actos del PP”.
Quedan aún claves por destapar. Como, por ejemplo, quién daba los contratos a las empresas a cambio de que pagaran los actos. O, al menos, a cambio de poder seguir contratando con la administración. Pero también falta conocer cuál será la defensa de Ricardo Costa o si apunta hacia más arriba. El organigrama del PP ha salvado a Francisco Camps de la quema, porque el presidente del partido no tiene atribuciones directas para contratar. Tampoco pinta nada el candidato en el manejo del dinero para las elecciones. El otrora poderoso líder valenciano sólo acudirá a este juicio como testigo.
En difícil situación quedan Costa, Serra y Rambla, los ojos y oídos del presidente.