Los nueve empresarios valencianos que han confesado financiar al PP valenciano en la etapa de Francisco Camps evitarán la prisión con el pago de una multa. La condena pesará sobre su persona pero sus empresas, a través de las que realizaron los pagos ilegales y las facturas falsas, seguirán sin mácula al no haber sido condenadas. Y es que en 2009, cuando se les imputó por los los delitos ahora confesados, el Código Penal no permitía procesar a una sociedad. Ahora ya es posible.
Así, todos los empresarios que han reconocido haber roto las reglas del juego para perpetuar a un partido político en el poder para posteriormente obtener un beneficio empresarial -aunque esta máxima tampoco ha podido ser probada en el juicio de Gürtel- continúan haciendo negocios suculentos con administraciones públicas, también con las del PP. Y sin ningún problema, incluso llegando a firmar las cartas de compromiso con la ética que exige la presencia de España en la Unión Europea.
Uno de los empresarios valencianos que confesó financiar al PP para ganar elecciones y que sigue ganando concursos con administraciones populares es Enrique Gimeno, propietario del Grupo Facsa de Castellón. Gimeno controla el 90 % de las depuradoras públicas de Castellón -en la diputación provincial que paga esta factura manda el PP- y en 2015, en Castilla la Mancha y con los populares en funciones, el empresario confeso consiguió la gestión de 74 depuradoras públicas con su empresa Facsa.
En 2017 y 2018 y pese a la confesión pública del presidente de Facsa ante el fiscal y posteriomente en el juicio, las empresas de su grupo han dado un pelotazo más que importante en el Ministerio de Medio Ambiente. Mientras Enrique Gimeno declaraba en la Audiencia Nacional haber dado 405.668 euros en B para pagar las campañas del PP para las elecciones autonómicas de 2007 y generales de 2008, una de sus empresas conseguía en UTE 21 millones de euros por la evaluación de las aguas de las confederaciones hidrográficas del Júcar, el Miño y el Duero. Los contratos son para tres años, pero si consiguieran la prórroga de otros tres el montante podría ser de 42 millones.
Para estas licitaciones el Grupo Gimeno se ha presentado a través de su firma Iproma, que preside la prima de Enrique Gimeno, es consejera su hermana Pilar y cuyo principal accionista es Facsa.
Cuando decidió confesar que había financiado al PP, Gimeno redujo sus apariciones públicas, pero la realidad es que continúa siendo el presidente de Facsa y el que controla el grupo empresarial castellonense. De hecho, no es difícil ver a Enrique Gimeno en los actos que organiza el actual Gobierno valenciano gobernado por PSPV y Compromís. Estuvo en la presentación de la embajada valenciana que la Generalitat ha abierto en Madrid junto al lobby empresarial Connexus.
Las adjudicaciones del Gobierno de Mariano Rajoy a Iproma -Grupo Gimeno- han puesto en alerta a las empresas del sector. La empresa del grupo empresarial de Enrique Gimeno ha conseguido tres de las seis adjudicaciones de cuencas hidrográficas hechas hasta la actualidad. El Miño, el Júcar y el Duero. El Segura, el Guadiana y las cuencas del Cantábrico han ido para otras empresas, donde también llama la atención que Dnota Medio Ambiente haya conseguido dos contratos.
Quedan todavía por adjudicar el análisis de las aguas del Ebro, el Tajo y el Guadalquivir, pero las empresas del sector que se han quedado fuera temen otro pelotazo de Iproma.
En todos los contratos que ha ganado la empresa propiedad del grupo del financiador del PP ha ido con otras compañías en UTE. Llama la atención la que ha ganado la UTE Iproma-Applus Norcontrol por 4.944.116,62 euros por los análisis de la calidad del agua de la Confederación Hidrográfica del Miño. Y es que Applus es una certificadora con poca -o nula- experiencia en el mundo del agua.
Sospechosos habituales
Para el concurso con la Confederación Hidrográfica del Júcar, Iproma ha acudido con Typsa. Han ganado un concurso de 6,85 millones, que si consiguen la prórroga el montante podría ser de casi 14 millones en seis años. Typsa es una vieja conocida de los casos de corrupción valencianos, de hecho, está siendo investigada junto al expresidente Francisco Camps por el proyecto de la Fórmula 1 de Valencia. Esta ingeniería habría sido clave, según los investigadores, para los posibles sobrecostes que se produjeron en el circuito urbano de carreras.
El tercer contrato de Iproma con Medio Ambiente ha sido para una de las joyas de la corona, la Confederación Hidrográfica del Duero. En este caso, la empresa de la familia Gimeno ha concurrido con Labaqua SA. Es, de momento y hasta que se adjudique el Ebro, el contrato de mayor montante económico. Para los próximos tres años facturarán al Estado 9,5 millones, que se podrían convertir en casi 20 en caso de que se les concediera la prórroga. El trabajo de Iproma, los labortarios del Grupo Facsa, consisten en la evaluación del estado químico y biológico de las masas de agua en las diferentes cuencas.
Preocupación en el sector
Las empresas del sector del agua ven con mucha preocupación que Iproma haya copado el 50 % de las adjudicaciones. Según las puntuaciones técnicas en poder del eldiario.es, las sospechas tienen cierto fundamento, máxime cuando algunas de las competidoras se han quedado fuera por bajas temerarias similares a las de la compañía del Grupo Facsa.
En el concurso para analizar las aguas del Júcar, Iproma consiguió el contrato con una baja del 51 %. Fue la segunda oferta menos barata pero la primera se quedó fuera por baja temeraria. Lo mismo le pasó en el Miño, donde con una baja del 56 % ganó la adjudicación porque la más barata quedó fuera por temeraria con una baja del 59 %. La UTE excluida tenía una mejor oferta técnica que Iproma pero fue eliminada.
En el Duero, tampoco fue la oferta más barata pero Iproma en UTE quedó por delante de sus competidores al presentar la mejor oferta técnica, según los evaludadores del Ministerio de Medio Ambiente.