Nuevo problema judicial para el empresario Enrique Ortiz. Y de nuevo, proveniente de Alcoi. Si hace unas semanas la justicia desatendía su exigencia de más dinero al Ayuntamiento por la concesión del parking de La Rosaleda, ahora el juzgado número dos de la ciudad del Serpis lo ha imputado por estafa y falsedad documental en las obras del Teatro Calderón. Una imputación que se suman a las que arrastra tanto en el caso ‘Brugal’ como en la pieza de la financiación irregular del PPCV.
Con esta imputación, Ortiz deberá comparecer como imputado el lunes en los juzgados de Alcoi. Y allí, deberá declarar a cerca de los sobrecostes en las obras de remodelación del Teatro Calderón, realizadas bajo el mandato del alcalde y ahora portavoz de Ciudadanos en la ciudad, Jorge Sedano. El juzgado investiga que el promotor cobrara 162.302 euros por obras que al parecer no se ejecutaron.
El procedimiento arranca con la denuncia que realizó en el pasado mandato el bipartito conformado por socialistas y Esquerra Unida. Aunque, en un primero momento, acudieron a los tribunales a través de un contencioso-administrativo. Reclamaban al presunto jefe de ‘Brugal’ una indemnización de cerca de un millón de euros, la cantidad de sobrecostes que tanto un perito del Ayuntamiento como otro judicial habían detectado en los trabajos realizados por Ortiz.
La vía administrativa, sin embargo, no obtuvo los resultados esperados. El juez consideró prescritos los hechos y eximió al promotor de reparar el ‘pufo’ en el Teatro Calderón. Frente a esa decisión, el Ayuntamiento acudió por la vía penal. Eso sí, solo exigiendo la cantidad que se pudiera ajustar a la “calificación de estafa”. La Fiscalía, en su petición de diligencias previas, dejó abierta la posibilidad de que se hubieran podido cometer otros delitos en las obras.
Paralelamente a esta investigación, el Tribunal de Cuentas rastrea los acuerdos adoptados por el ejecutivo local de Sedano en 2008 por los que se reconoció una deuda de 2,1 millones de euros a Ortiz por la ejecución de unas obras que el personal técnico no certificó que se hubieran llevado a cabo. Esta investigación del organismo auditor estatal se produjo a raíz de un informe de la Sindicatura de Comptes en el que apreció “indicios de responsabilidad contable”.