Llevó al PP valenciano a los mejores resultados de su historia en tres ocasiones. Tres legislaturas de mayorías absolutas. Más de la mitad de los votantes eligieron la papeleta azul mientras él era el líder. Un hombre religioso, de una pedanía de la capital valenciana, que cree ser poseedor de la facultad de expedición del carnet de valencianía. Autor de los grandes eventos y de los grandes fiascos, aunque le chirríe la palabra, Francisco Camps está en el centro de los casos de corrupción del PP valenciano, aunque hasta ahora solo esté imputado por la Fórmula 1. Su época, de 2003 a 2011, se juzga en la Audiencia Nacional en el 'caso Gürtel', aunque aún quedan muchas causas judiciales por venir.
Sus altos cargos, sus consejeros, están bajo sospecha. Noós, Ciegsa, la visita del Papa; campañas electorales, eventos, construcciones, proyectos... Financiación ilegal confesada por Ricardo Costa “por orden de Camps”, reconocida por los empresarios -sus amigos, los financiadores-. Él, de quien todos dicen que estaba en la cúspide, de momento, se ha librado de casi todo. Solo está imputado por el caso Valmor, que investiga la utilización de esta empresa privada que organizó el Gran Premio de Fórmula 1 de 2008 hasta 2012, cuando la Generalitat, ya con Alberto Fabra, compró la empresa por con más de 30 millones de euros en deudas.
De sus acciones y palabras se dibuja un personaje arquetípico, un papel difícil de interpretar para el mejor actor. Lo de Francisco Camps hay que creérselo. Un hombre que habla de sí en tercera persona, que rehuye la autocrítica, que se presenta a sí mismo como el candidato más votado, el más querido, el mejor valenciano. Hoy Camps, con todos los privilegios de expresidente en los que se atrinchera, es un militante del que su propio partido se desmarca y que ha dejado un legado más que conflictivo.
El modelo faraónico
La megalomanía fue una de las marcas de la casa. Ya fuera en edificios que diseñaba ese arquitecto aficionado al trencadís que conocen en todo el mundo, en grandes eventos o en celebraciones por todo lo alto, en las que el derroche estaba presente. En Fitur, por poner un ejemplo de causa ya condenada, el pabellón organizado por Orange Market -empresa de Álvaro Pérez 'El Bigotes'- costó más de un millón de euros; sin los cabecillas de la Gürtel mediando, por el expositor se han pagado en la última edición 558.000 euros.
Era la época de las obras faraónicas, de hacer cosas más y más grande y esperar a que las inversiones fueran devueltas en forma de oleadas de turistas llenando las playas y visitando Fallas. De construir grandes hoteles, torres con mirador en rotondas y, por qué no, que la avenida Blasco Ibáñez llegara hasta el mar. La Ciudad de las Artes y las Ciencias con una Ópera que aspiraba a superar a los competidores catalanes y madrileños, el circuito urbano de Formula 1 imitando el Gran Premio de Montecarlo, pasear a Fernando Alonso en un Ferrari, el AVE a Madrid, la visita del Papa... La época de nunca acabar.
Esta afición por el despilfarro económico dejó una deuda en las arcas de la Hacienda valenciana de gran magnitud. Aunque es complicado calcular el importe por mandatos, los técnicos del departamento autonómico estimaron que el 90% de la deuda actual (45.000 millones de euros) se había engendrado durante los 20 años de Gobierno del PP, como publicó el diario Levante-EMV. Este mismo periódico, citando dicho informe, señaló que en los años de Camps “la deuda de los valencianos pasó de 8.016 millones a 21.860 y en la de su sucesor, Alberto Fabra, de esa última cantidad a 41.998 euros, buena parte de ellos tras aflorar por exigencia de Bruselas facturas pendientes, muchas imputables a los años de su antecesor Camps”. El Banco de España cifra la deuda de 2011, cuando el popular dimitió, en 21.860 millones de euros. El PP tomó la Generalitat de Joan Lerma con 2.700 millones pendientes.
Al margen de la deuda, el ejecutivo del popular dejó otro regalo sorpresa que estallaría en los morros de sus sucesores: el falseamiento de los datos del déficit. Durante dos décadas, el Gobierno autonómico manipuló las cifras mediante la ocultación sistemática de una parte del gasto sanitario, de los que se conocía como “facturas en el cajón”. Desde Bruselas, donde con estas cosas no se juega, sancionaron en 2015 a España con una multa de 19 millones de euros, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificó en diciembre de 2017.
Y mientras los líderes populares desfilaban por los palcos VIP de los eventos que organizaban, los estudiantes valencianos lo hacían por barracones. Cerca de 30.000 alumnos estudiaron en estas casetas durante su mandato. Construcciones en las que se investigan más de mil millones de euros en sobrecostes en época de varios Gobiernos del PP. Los mayores sobrecostes, según el informe de Intervención de la Generalitat, se produjeron en la época de Camps, donde alcanzaron el 36% de aumento en la ejecución de las obras. Según UGT, el curso escolar de 2010-2011 empezó con 848 barracones. Los recortes en educación han dado para varios reportajes.
Los 'simpa' y las facturas en los cajones
En la época del expresidente valenciano el PP dejó a deber algunos grandes actos del partido. El más sonado fue el de Feria Valencia, un cónclave en el que se aupó al ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y por el que adeudaba más de medio millón de euros que no han sido pagados hasta julio de 2017, tras una sentencia judicial que obligaba a ello. Bastante menor, aunque todavía significativa, fue la cantidad que los populares no pagaron al Palau de les Arts por un acto de la precampaña electoral de las elecciones autonómicas de 2011. Según la factura encontrada en el cajón del Palau el partido debe 23.600 euros por el alquiler del auditorio, que está pagando a plazos. Además, según denunció Compromís en su día, adeudaba además 45.000 euros al Palacio de Congresos por otro acto de campaña.
Las víctimas del metro y los medios de comunicación
Del estilo de Camps también es la soberbia y la actitud beligerante con los medios de comunicación no afines. Esta misma semana, en una entrevista telefónica con una radio local, acusaba al periodista de utilizar el lenguaje de la oposición y a medios de alcance nacional de hablar de la Comunidad Valenciana solo para las cosas negativas. Con sus rivales políticos, apelaba al discurso de las emociones, al de la patria, al de querer a una tierra. Como si querer a una tierra significara no criticar lo que hacen sus dirigentes. A Compromís los llama, cuanto menos, “catalanistas”; a los socialistas, “los que no quieren que Valencia triunfe”; a Podemos, ni le dedica palabras.
Pero si hay un colectivo al que trató especialmente con desprecio fue al de las víctimas del accidente del metro del 3 de julio de 2006. Ni reconoció errores, ni asumió responsabilidades, ni se dignó a atender a los familiares. Desde el año del descarrilamiento, que costó la vida a 43 personas y dejó heridas a 47, víctimas y familiares reclamaron una reunión con el entonces presidente. Se hizo una comisión de investigación que fue un paripé -con la consultora H&M Sanchis aleccionando a los comparecientes- y que se rebarió al principio de esta legislatura, ya con mayoría de izquierdas en las Corts Valencianes. Las conclusiones de la última fueron claras: El accidente de Metro en Valencia fue por falta de seguridad y la responsabilidad política es de Camps.
La historia de Camps en el Palau de la Generalitat terminó en 2011. Dimitió en julio, como un sacrificio para que Rajoy -el mismo de “Alfonso, te quiero, coño” y “Yo siempre estaré a tu lado, o delante, o detrás”- fuera presidente, aunque aseguraba que “no había nada”. En 2012 fue juzgado por el caso los trajes: doce trajes, cinco pares de zapatos, cuatro americanas y cuatro corbatas que sumaban 30.000 euros y recibió de la trama Gürtel. Como si tuviera una bola de cristal, advirtió: todo saldrá bien. Fue absuelto por un jurado popular con la diferencia de un voto.
Pasar por el banquillo no minó su moral. Produjo el efecto contrario y desde entonces el expresidente saca pecho. “No he hecho nada y se ha demostrado”, ha ido repitiendo desde entonces. Camps se vanagloria de haber puesto a la Comunidad Valenciana en el mapa, de situar Valencia como un referente, como una ciudad puntera, con los ojos del mundo puestos en ella. Hoy, los ojos están puestos sobre su partido y la financiación ilegal. Decían en el PP que la fiesta no se acababa nunca y, al menos la electoral, se terminó en las urnas. La de Camps, si así lo estiman los tribunales, puede que no acabe con final feliz.