La estrategia de la exconsellera Pradas para tratar de esquivar la imputación de la jueza de la DANA: la culpa fue de los demás

La defensa de Salomé Pradas se ha pronunciado por primera vez. Y lo ha hecho para tratar de esparcir la responsabilidad a todos los demás (menos a su exjefe, Carlos Mazón). La estrategia de la exconsellera apunta a los técnicos del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Se considera una “cabeza de turco”. Eduardo de Urbano y Sandra Imedio, los letrados de la exconsellera, expresan todo su argumentario, eso sí, “desde el absoluto respeto por las víctimas de la DANA, sus familiares y damnificados”.

La jueza de la DANA, según los abogados de Pradas, debería archivar la causa penal por presuntos homicidios imprudentes “lo antes posible” y “dirigir el tiro” al ámbito contencioso-administrativo. Además, la instrucción de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja supone una “tarea verdaderamente hercúlea por su complejidad, extensión, duración en el tiempo, personas físicas y jurídicas involucradas” y “costo de todo lo anterior”. Una causa penal, a juicio de la defensa de la exconsellera, que “sólo conduce a la consiguiente frustración de las víctimas, muchas de las cuales probablemente ni siquiera alcanzarán a ver el final de ese incierto camino”.

Así, según sus abogados, la investigación de los 228 fallecimientos y la “depuración” de responsabilidades, lejos de encajar en el natural terreno penal, se debe dirimir en la jurisdicción contenciosa-administrativa y, también, en el “ámbito político”, con las tres comisiones parlamentarias “creadas al afecto” en el Senado, el Congreso y en el Parlamento valenciano. Nada de responsabilidades penales, a pesar del altísimo número de víctimas mortales; eso ya para otro momento si acaso.

La tesis que maneja la defensa de Salomé Pradas es exactamente la contraria a la de la jueza instructora. La magistrada ha reiterado varias veces que su investigación se centra en si los fallecimientos eran evitables y en la falta de aviso por parte de la Generalitat a la población del tremendo peligro que corría el pasado 29 de octubre, a pesar de los datos de que disponía el Ejecutivo de Mazón, suministrados por la Aemet, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) e incluso de la abundante información en directo que emitían los medios de comunicación, especialmente la cadena autonómica À Punt.

Sin embargo, el recurso de la representación jurídica de Pradas contra la decisión de la jueza de citarla a declarar en calidad de investigada aboga por que las Administraciones “partícipes” respondan “de forma solidaria” ante los “daños resultantes”, cifrados en, al menos, 17.800 millones de euros por el vicepresidente segundo del Consell, Francisco José Gan Pampols, tal como recuerda el escrito. 

Los letrados esparcen la responsabilidad hacia los “innumerables organismos de las distintas Administraciones” que intervinieron “por acción u omisión” en los trágicos hechos. A pesar de que la normativa otorgaba —claramente— a Pradas el mando único de la respuesta a la emergencia, el recurso dice que “no es verdad” y describe al Cecopi como un “órgano complejo constituido por representantes de diversos organismos a fin de contribuir a la toma de decisiones”.

Sin embargo, el escrito soslaya la misión vital que tenía encomendada en exclusiva Pradas —ella y nadie más que ella— según la normativa vigente: “Determinar, en función del tipo y gravedad de la emergencia las medidas de protección a la población que deban de adoptarse”. De hecho, la magistrada instructora imputó a Salomé Pradas precisamente por su relevancia “orgánica” y “decisora” en el Cecopi. Un ejemplo simple pero revelador que destacaba la jueza es que las pausas (aún por explicar) en el Cecopi las ordenó la consellera Pradas, que era quien mandaba.

Es fácil de entender: si hoy en día volviera a convocarse un Cecopi ante una emergencia, el mando único lo ostentaría el actual conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama. Tal como lo ostentaba Salomé Pradas (a duras penas y para desgracia de 228 personas y de sus seres queridos) el pasado 29 de octubre. De hecho, ¿qué pasó durante la última alerta meteorológica el pasado 3 de marzo? Que el conseller Valderrama, sucesor de Pradas, ordenó enviar la alerta a los móviles en apenas 30 minutos desde que la Aemet activó el aviso rojo.

El escrito de la defensa contiene otras falsedades. Dice que el envío de la alerta a los móviles no estaba protocolarizado. Sin embargo, tal como publicó elDiario.es, el protocolo del Ministerio del Interior asignaba al Gobierno autonómico el “envío inmediato” de la alerta a los móviles si urgía “proteger” a la población. Es más, el sistema Es-Alert fue ensayado en todas las comunidades autónomas (dos veces en el caso de la valenciana).

El papel de los técnicos

La defensa de Pradas trata de atenuar la presunta responsabilidad penal de la exconsellera escudándose en el papel de los técnicos: “Son los primeros que deben informar, según sus conocimientos y experticia, de por qué ocurrió lo que ocurrió y qué informaciones dieron a los órganos institucionales de la emergencia”. Se trata, aunque no los cite por su nombre, de un recado directo remitido a Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, y a José Miguel Basset, jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

El escrito rechaza el “apriorismo” de la jueza de que la respuesta a la emergencia correspondía “exclusivamente” a las autoridades autonómicas y reitera que “el Estado tiene igualmente competencias” y cuenta con organismos que “también participaron de modo relevante en los hechos”, tales como la Delegación del Gobierno, la Aemet o la CHJ.

En definitiva, el letrado de Salomé Pradas cuestiona la relación de causalidad entre la actuación de la entonces consellera y los fallecimientos y la tilda de “algo disparatado”, a tenor de la “montaña normativa necesitada de protocolos aplicativos también inexistentes”.

La defensa de Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, también ha emprendido una estrategia similar. En un escrito registrado este lunes ante el juzgado, apunta directamente a los responsables de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, de la cual era director, que no le avisaron, según dice, de las miles de llamadas que recibía el teléfono 112 de la Generalitat.

El diligente Argüeso, un alto cargo que pasaba por allí

Al letrado de Argüeso, que reitera que su cliente actuó con “encomiable diligencia” el día de la DANA, le llama “poderosamente la atención” que la jueza instructora no llame a declarar como investigada a la responsable del 112. 

Y es que el alto cargo sostiene que no tenía “competencia orgánica o funcional alguna” para decidir el envío del mensaje Es-Alert, ni su contenido ni nada parecido. “Era un miembro más del Cecopi”, asegura. Prácticamente como si fuera un ciudadano que pasaba por allí casualmente y se paró a mirar qué se cocía.

El objetivo de las defensas, aún en una fase incipiente de la instrucción, pasa por diluir al máximo el nexo causal de los presuntos homicidios imprudentes (la clave de toda la causa) con lo que se les ponga por delante, no solo disparando hacia los técnicos.

“El origen principal de lo sucedido, hay que decirlo con toda claridad, no fueron tanto las lluvias sino la inexistencia de las obras de encauzamiento de los ríos que arrastraron las aguas por el barranco del Poyo, obras no ejecutadas por decisiones de Administraciones anteriores”, afirma el escrito. La obra “sí que hubiera evitado las muertes que desgraciadamente se produjeron”, dicen los letrados.

Todo el 'pack' de alegaciones sirve a la defensa de Pradas para tratar de desdibujar la orientación que la jueza instructora ha dado, con contundencia, a la causa: “No es admisible centrar la cuestión en la falta, o mejor, en el retraso del aviso de la llamada Es-Alert, ya que la cuestión es mucho más compleja”.

Sin embargo, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha insistido en sus últimas resoluciones en que no solo investiga la remisión (tardía y errónea) del mensaje a los móviles. También pretende esclarecer por qué Pradas no hizo algo tan sencillo como comparecer ante los medios de comunicación para alertar a la población de lo que estaba pasando. O por qué la Universitat de València suspendió las clases con antelación. O por qué el primer representante de la Generalitat que compareció para aconsejar a la población que se refugiara en altura (Carlos Mazón) lo hizo a las 21.30, cuando ya se habían producido los fallecimientos y cientos de ciudadanos permanecían atrapados por la riada. O por qué Pradas ordenó parar el Cecopi durante más de una hora en plena catástrofe.

Lo cierto es que la instrucción no va solo de la alerta. Como dicen los letrados de Salomé Pradas, “la cuestión es mucho más compleja”.