EU ha solicitado en el parlamento valenciano que se declare como ilegítima parte de la deuda contraída por la Generalitat en la organización de la Fórmula 1, que costó más de 300 millones de euros a las arcas públicas.
Un día después de que los tribunales hayan decidido investigar a Francisco Camps por este asunto, Ignacio Blanco, candidato de EU a la presidencia de la Generalitat, ha sido contundente. “No nos vale sólo con ver sentado en el banquillo al señor Camps, y si tiene que ir a la cárcel que vaya. Lo que queremos es recuperar el dinero”.
Blanco ha denunciado la deuda contraída por la Generalitat por la compra de Valmor, la empresa rescatada por sus pérdidas en la organización del gran premio que se celebraba en Valencia. “Son más de 15'7 millones de euros con tres entidades financieras: 8 millones más intereses con el Instituto Valenciano de Finanzas, 1'5 millón de euros más intereses con el Banco de Valencia, y 6 millones de euros más intereses con Bancaja, ahora Bankia, que en este último era además uno de los tres propietarios de Valmor. Es como el truco del almendruco, Bancaja tiene una deuda multimillonaria porque es socia de Valmor, y se la endosa a la Generalitat, quien la asume incluyendo la deuda con ella misma. Esto no se puede soportar de ninguna de las maneras y por eso defendemos que se declare ilegítima”.
Recuperar el dinero
Blanco subraya la prioridad de la Proposición No de Ley presentada por Esquerra Unida. “Queremos recuperar el dinero, no nos vale sólo con ver sentado en el banquillo al señor Camps, y si tiene que ir a la cárcel que vaya a la cárcel. Como tampoco nos vale con que se investigue la actuación del Consell de Alberto Fabra, empezando por su máximo responsable. Lo que queremos es recuperar el dinero, porque a los valencianos lo que nos hace falta es ese dinero para tener servicios públicos, servicios sociales, educación y sanidad”.
Auditoría ciudadana de la deuda
Y para recuperar el dinero, con carácter general, hay que saber en qué se ha gastado y a quién ha ido a parar, defiende Blanco. “Nosotros pedimos una auditoría ciudadana de la deuda, transparente, donde se pueda saber cómo se ha producido el endeudamiento, a qué decisiones responde, quién es el responsable, y si hay que pagar o hay que pedir una quita o una moratoria; pero en este caso es que no hace falta ni la auditoría, porque ya tenemos los datos. Lo único que no sabemos es si se ha pagado o no, porque no nos han querido contestar después de ocho meses”.