La coordinadora de EUPV de la ciudad de Valencia, Rosa Albert, ha mostrado su preocupación en un comunicado ante las declaraciones vertidas esta misma semana por el nuevo director general del Consorcio Valencia 2007, Vicent Llorens, y por el propio alcalde de Valencia, Joan Ribó, relativas a la Marina Real “no por lo que cuentan, si no por lo que no dicen”.
Albert ha recordado que en la pasada legislatura hubo un acuerdo unánime de todos los grupos políticos de la oposición y que consistía en plantear un uso ciudadano y social para la dársena, así como reivindicar la condonación de la gran deuda que tiene este consorcio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). “Mientras no se concrete que esta deuda no se va a pagar, éstas declaraciones no podemos más que calificarlas como un brindis al sol ya que difícilmente se va a poder cumplir con este objetivo de uso social de este espacio tan emblemático”, ha asegurado la dirigente.
En este mismo sentido, Rosa Albert ha recordado que el Consorcio Valencia 2007 “fue creado a gloria de la señora Rita Barberá y del PP cuando gobernaban la ciudad, que despilfarraron 1.200 millones de euros para la realización de la Copa América, un acontecimiento deportivo que no supuso para la ciudad de Valencia ningún tipo de repercusión ni en creación de empleo ni tampoco a nivel turístico pero que, por otro lado, sí que supuso la privatización de la dársena interior del Puerto de Valencia”, ha dicho.
Es decir, -ha continuado- “no sólo excluyeron la zona para la práctica de deportes de base y para uso de la ciudadanía sino que, además, dejaron una deuda de más de 400 millones de euros que venía derivada de un crédito que nos concedió el ICO y que durante los años más duros de la crisis económica, el gobierno de Mariano Rajoy se ha negado a condonar”.
Para EUPV, “si esta deuda no se condona de forma inmediata, cualquier plan de futuro de integración de la dársena en el conjunto de los Poblados Marítimos, así como un uso alternativo, público, deportivo, de base, cultural y de ocio que se le pueda dar a la Marina Real Juan Carlos I, no serán más que palabras vacías”, ha manifestado la dirigente de la formación de izquierdas.
De hecho, Albert ha hecho hincapié en el hecho de que, hasta el momento, lo único que ha ido consolidando ha sido el Plan de Usos del Puerto que aprobó el anterior equipo de gobierno y cuyas consecuencias han sido la implantación de la escuela de empresarios de Juan Roig en una de las bases y el club de playa privado, “proyectos ambos que van en la misma línea de ir privatizando metros cuadrados para poder pagar cerca de 17 millones de euros anuales al Estado”.
Por último, la coordinadora de EUPV ha hecho un llamamiento al alcalde de Valencia, Joan Ribó, para recordarle que había un compromiso por parte de los grupos políticos que estaban en la oposición durante la pasada legislatura de que el Ayuntamiento de Valencia se negaría a pagar dicha deuda en el caso de cambiar el gobierno. “¿Cómo es posible que no haya habido ninguna declaración en este sentido por parte de la actual Junta de Gobierno Local ni tampoco ningún acuerdo tomado en sesión plenaria que vaya en esa línea?”, se ha preguntado Albert, quien ha añadido que la ausencia de estos acuerdos “supone una gran irresponsabilidad porque estamos hablando de una deuda a la que tiene que hacer frente un Ayuntamiento que sigue teniendo un elevado nivel de endeudamiento. Si a esta deuda le añadimos los 400 millones del ICO nos encontramos con un elevada cantidad de dinero público que no podría destinarse a lo más urgente, a lo más perentorio, a lo más necesario y que son políticas de choque contra la situación de pobreza extrema y de desempleo que existen en nuestra ciudad”.