El exalcalde del PP de Chiva, José Manuel Haro, se sienta este martes en el banquillo de los acusados, ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, en un juicio por el presunto saqueo de una empresa pública municipal. La sección de delitos económicos de la Fiscalía de Valencia solicita cinco años de prisión para el exprimer edil, para el exconcejal de Urbanismo Marcos Navarro Gil y para el gerente de la firma pública, Pascual Navarro Giner, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación y falsificación.
Los tres acusados abonaron facturas a la empresa municipal Suma Chiva SA con cargo a los fondos del consistorio que “no obedecían a los servicios que se hacían constar en las mismas”, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. El exalcalde, el exconcejal de Urbanismo y el exgerente “eran plenamente conscientes que estos pagos realizados con fondos públicos no se efectuaban en contraprestación de los servicios prestados por Suma Chiva”, según el fiscal.
La empresa pública, ya liquidada, fue creada en 2008, con un capital social de 69.000 euros íntegramente desembolsados por el Ayuntamiento de Chiva, para elaborar estudios, planes o proyectos urbanísticos. Los tres acusados estaban “previamente de acuerdo” y “con ánimo de lucro” en el presunto saqueo de la firma.
Entre 2008 y 2012, se abonaron facturas por trabajos no realizados que ascienden a 138.048 euros. Suma Chiva, según el escrito de la Fiscalía, abonó 220.596 euros a una cuenta que el acusado Pascual Navarro, exgerente de la firma pública, compartía con su esposa.
José Manuel Haro, alcalde popular entre 2005 y 2015, dictaba la orden de pago y la conformidad con las facturas presentadas por Pascual Navarro, previo concierto entre ambos y “a sabiendas de que no obedecía a trabajo, gestión, memoria o anteproyecto” de la empresa pública.
Fiscalía pide 206.778 euros de indemnización
El Ministerio Público solicita una pena de cinco años de cárcel, además de inhabilitación especial y multa, para los tres acusados. El escrito de acusación considera que el exalcalde y el exconcejal de Urbanismo son autores de los presuntos delitos de malversación y prevaricación, además de cooperadores necesarios en un delito de falsificación. El exgerente sería cooperador necesarios de los mismos delitos.
La Fiscalía también pide una indemnización para el Ayuntamiento de Chiva de 206.778 euros (la cantidad presuntamente desviada además del capital social de la empresa).