El intento de un excargo del PP de ocultar su patrimonio al juez del 'caso Taula': préstamos, metálico y venta de un Jaguar

Máximo Caturla, hombre de confianza de Francisco Camps en la quebrada empresa pública valenciana encargada de construir colegios, intentó repartir su patrimonio entre familiares cuando supo que la Fiscalía Anticorrupción investigaba una red de corrupción masiva plasmada más tarde en el 'caso Taula'. Caturla ya estaba procesado en la pieza G de la causa sobre el saqueo de la empresa Ciegsa, junto con el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha dictado un auto de incoación de procedimiento abreviado (el paso previo a la apertura del juicio oral) al expolítico del PP en el marco de la pieza separada I por un presunto delito de insolvencia punible. La resolución reseña las operaciones de Caturla durante casi un año (entre octubre del 2014, poco después de que Anticorrupción iniciara sus pesquisas, y noviembre del 2015) para “evitar, aminorar o dificultar” el embargo de sus bienes al saber que podía estar siendo investigado penalmente.

Para ello, llevó a cabo “operaciones tendentes a reducir o gravar su patrimonio personal inmobiliario” y derivarlo a la empresa familiar Estilo Kiki SL, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que figura en el sumario del 'caso Taula'. El procesado compró una nave industrial a la sociedad familiar, de la cual había donado previamente sus participaciones a sus tres hijos, mediante un préstamo de 193.000 euros. También suscribió otro préstamo de 300.000 euros sobre la finca La Corona, de su exclusiva propiedad y libre de cargas.

El expolítico popular vendió una vivienda en Dénia por 307.700 euros, un importe con el que canceló la hipoteca que arrastraba el inmueble. Junto con su hermano, vendió dos naves por un total de 240.000 euros, con los que canceló la hipoteca y efectuó otros pagos. Caturla ingresó 73.888 euros, de los cuales transfirió 45.000 a una cuenta de la empresa Estilo Kiki SL. Tras su baja laboral del Banco Santander, recibió casi 70.000 euros de indemnización, de los cuales transfirió 20.000 a la firma familiar en concepto de préstamo.

Titular de 18 vehículos

Además, el auto recuerda que el expolítico del PP vendió seis de los 18 vehículos (entre ellos un Jaguar) de los que era titular por un “precio declarado a efectos de impuestos” de 17.096 euros. El Jaguar lo habría vendido por apenas 10.900 euros.

El juez Víctor Gómez reseña la declaración de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', durante la fase de instrucción en la que reconoció que Alfonso Rus y uno de sus lugartenientes en la Diputación de Valencia, el popular Emilio Llopis, sabían que estaban siendo investigados. El auto también alude a un cambio de la línea de teléfono de Caturla en plena investigación de la UCO. Los agentes del Instituto Armado hallaron en el registro en el domicilio de Máximo Caturla unas notas manuscritas “indicativas de cómo y qué tenía que declarar en caso de ser citado”.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia acordó imponer a Caturla una responsabilidad civil de dos millones de euros para la pieza separada de Ciegsa. Para asegurar la responsabilidad, el juez le ha embargado la finca La Corona, valorada en dos millones.

El auto considera que los hechos presentan indicios de un presunto delito de alzamiento de bienes. “Todas las operaciones parecen obedecer a una disminución del patrimonio personal mediante hipotecas (finca La Corona), o disposiciones (casos de la venta del piso de Dénia y naves), determinantes de la conversión patrimonial en dinero cuyo destino, en su mayor parte, viene a integrarse, con independencia del título o concepto que formalmente se le atribuya, a la sociedad familiar, generando activos, al tiempo que Máximo Caturla se va desprendiendo lucrativamente a favor de sus hijos de su participación social en la empresa”, razona el magistrado.

La resolución también destaca que Caturla transfirió, al margen de la donación de las participaciones, 559.000 euros en metálico a la sociedad familiar.