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Antiguos directivos de Banco de Valencia, que desde esta semana y hasta mediados de diciembre se sientan en el banquillo acusados de falsedad contable, han negado cualquier tipo de irregularidad y han señalado al Banco de España como responsable de la quiebra de la extinta entidad.
La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acoge el juicio contra una docena de exdirectivos, a los que la Fiscalía acusa de falsedad contable en los ejercicio 2009 y 2010, lo que llevó a la intervención del banco.
Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España a finales de noviembre de 2011, al detectarse un agujero de capital de unos 600 millones de euros que fue subsanado con una aportación de 1.000 millones del FROB, antes de ser adjudicada en subasta a CaixaBank.
Entre los acusados figuran el expresidente José Luis Olivas y el ex consejero delegado Domingo Parra, que en su primera declaración han rechazado todas las acusaciones y han señalado al Banco de España como garante de las cuentas presentadas en dichos ejercicios.
José Luis Olivas -que fue president de la Generalitat, vicepresidente del Gobierno valenciano y concejal del Ayuntamiento de València-, figura entre los absueltos por la salida a bolsa de Bankia; en cuanto a Domingo Parra, en agosto de 2022 fue absuelto en la causa sobre la operación inmobiliaria Costa Bellver, en Oropesa del Mar (Castellón).
En la causa figuran como responsables civiles subsidiarios Bancaja, accionista mayoritario de Banco de Valencia; Bankia, entidad en la que se integró Bancaja, su matriz BFA, y la auditora Deloitte.
En su informe, la Fiscalía Anticorrupción solicita para Olivas y Parra una pena de cuatro años y nueve meses de cárcel y multas de 45.000 euros, al entender que pese a las recomendaciones del Banco de España, la política expansiva marcada por el consejo de administración del banco e implementada por Parra se mantuvo basándose en la aplicación de políticas de crédito caracterizadas por su “escasa prudencia y elevado riesgo”.
Ante “reales” malos resultados del ejercicio 2009 se optó por efectuar una práctica contable dirigida a mantener una imagen de solvencia y rentabilidad de la entidad que no se correspondía con la realidad del estado de la misma.
Entre otras prácticas, la Fiscalía detectó que se autorizaron refinanciaciones a promotores inmobiliarios que de otra forma no podrían cumplir con el pago de sus cuotas, se asumió la práctica totalidad del riesgo de una serie de proyectos inmobiliarios a largo plazo en los que existían importantes dudas sobre su rentabilidad y se adjudicaron activos en pago de deudas no procediendo a la adecuada contabilización del valor de los mismos.
Asimismo, pese a que muchas de sus operaciones se encontraban defectuosamente documentadas, no se realizaron provisiones por dotaciones conforme a la normativa, y se autorizaron operaciones en contra de los intereses de la propia entidad por parte de sus máximos responsables, en connivencia -en ocasiones- con directivos y empleados.
Parte de ellas han sido ya objeto de otros procedimientos penales por posibles delitos de administración desleal.
Todo ello se tradujo en la aprobación de unas cuentas anuales, las de los ejercicios 2009 y 2010, que no reflejaban la imagen fiel, pues se basaban en ajustes contables dirigidos a “maquillar” tales resultados.