El exdirector general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, confirmó este martes que “nadie” en la entidad sabía que José Luis Olivas, expresidente de la entidad bancaria y sucesor de Eduardo Zaplana en la Generalitat Valenciana, cobró 580.000 euros de la empresa Sedesa, perteneciente a la familia Cotino. Olivas, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión en el juicio del 'caso Erial', ya fue condenado a un año y medio de prisión y al pago de una multa de 151.800 euros por falsificar la factura.
El expresidente valenciano emitió la factura falsa a través de Imarol SL, la empresa que compartía con su mujer, a Sedesa por una supuesta asesoría en la venta de la participación de la empresa de los Cotino en Proyectos Eólicos Valencianos SA, sociedad adjudicataria de las zonas 5, 6 y 11 del Plan Eólico valenciano, una licitación amañada según Anticorrupción. La firma pertenecía mayoritariamente a Endesa (55%) y Sedesa contaba con un 25% del accionariado mientras que Bancaja mantenía el 20% del accionariado. La sentencia que condenó a Olivas sostiene que el expolítico del PP no realizó el trabajo por el que cobró la factura.
Aurelio Izquierdo, citado como testigo en el juicio del 'caso Erial', enmarcó el interés de Bancaja de deshacerse de sus participaciones en el proceso de desinversiones para obtener plusvalías. En 2008, en plena crisis económica, “había dificultad para vender muchas cosas”. Así, Bancaja obtuvo unas plusvalía de 35 millones de euros, tras haber invertido apenas “un millón y pico” y Sedesa se embolsó 39 millones.
Al año siguiente Endesa Cogeneración y Renovables SL, ya con todo el accionariado, vendió los parques de las zonas 6 y 11 a Corporación Acciona Eólica SL, con una plusvalía de 104 millones de euros. La acusación pública mantiene que Olivas participó supuestamente en el amaño de la adjudicación inicial del Plan Eólico, de un modo similar al de Zaplana en la privatización de las ITV, uno de cuyos lotes recayó también en Sedesa.
Izquierdo, absuelto en la Audiencia Nacional en el 'caso Costa Bellver', aseguró que en la entidad bancaria se desconocía que Olivas, presidente de Bancaja y más tarde vicepresidente de Bankia, tenía tratos con los Cotino. “En Bancaja nadie sabía que Olivas había cobrado por hacer esa gestión”, declaró a preguntas del fiscal anticorrupción.
Miguel Morillo, responsable de las sociedades participadas de Bancaja, también dijo que en la entidad se desconocía la participación de la empresa de Olivas en la operación. Javier Viteli, consejero delegado de Iberdrola Renovables, aclaró: “En una operación de este tipo, no necesitamos ningún tipo de intermediación por parte de nadie”.
Por su parte, Javier García Pérez, responsable de desarrollo de negocio en España de Iberdrola Renovables, desconocía la existencia de la empresa Imarol de Olivas y de su esposa, Mercedes Álvarez. El fiscal le preguntó al testigo si era necesario asesoramiento externo en este tipo de operaciones. “Normalmente eran trabajos que hacíamos internamente, con el conocimiento y el 'know how' hacíamos una valoración que se escalaba a los organismos internos y se hacia una oferta”, contestó.
La defensa de José Luis Olivas también interrogó al perito contratado por el expresidente valenciano, el inspector de Hacienda en excedencia Francisco Javier Galindo. El perito aseguró que era “absolutamente imposible” la intervención de Olivas en el proceso de adjudicación del Plan Eólico mientras fue presidente de la Generalitat Valenciana. También destacó que el pago por parte de Sedesa se produjo cinco años después de la adjudicación. “No hay duda del servicio prestado”, dijo Galindo.
En el juicio también declaró el exdirector de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, para defender el proceso “absolutamente reglado” de selección de los miembros de la entidad en la época en que Eduardo Zaplana era presidente de la Generalitat Valenciana. López Abad, absuelto de falsear las cuentas de la CAM y condenado por los negocios inmobiliarios de la caja en el Caribe, declaró que Francisco Grau, asesor fiscal de Zaplana y acusado en la causa, participó en el consejo de administración de la entidad, sin que actuara por interés político.
El exdirector de la CAM negó que la entidad otorgara un préstamo en condiciones ventajosas a Zaplana para la adquisición de una vivienda en el Paseo de la Castellana de Madrid. El exministro del PP obtuvo una carencia de seis años en la hipoteca del piso, de 500 metros cuadrados, que compró por 1,6 millones de euros y revendió por 2,8 millones.
El 'simpa' de un acusado a una letrada
Por otro lado, también declaró Elena Sánchez Álvarez, dedicada a promover negocios e inversiones y “socia en una sociedad donde estaba el señor Zaplana”, según dijo. La testigo relató que el promotor Carlos Gutiérrez Nomdedeu, acusado en la causa, le pidió ayuda a través de Zaplana para afrontar el concurso de una de sus empresas, “enquistado mucho tiempo”. El empresario le hizo un 'simpa' en toda regla. “Le planteé unos honorarios, el tema salió bien y nunca percibí ningún tipo de honorarios”, lamentó la letrada.
Preguntada por el fiscal sobre los “innumerables” correos electrónicos que enviaba a Zaplana a través de su secretaria informándole del trabajo, la mujer adujo que se trataba de “dar un seguimiento de los trabajos” a quien le había remitido el cliente. “Era un contacto que me llegó al al despacho por el señor Zaplana”, afirmó la testigo.
El presidente del tribunal, el magistrado Pedro Castellano, le preguntó si emprendió acciones judiciales para reclamar sus honorarios. La testigo explicó que a pesar de que “al principio era un señor tremendamente educado”, cuando se puso en contacto para reclamar la deuda, Carlos Gutiérrez “desapareció” y no respondía a sus llamadas.
“Nunca he tenido ningún caso como ese en mi despacho de alguien que no quiera pagar”, concluyó. El aludido estuvo ausente de su asiento del banquillo de los acusados en la sesión de este martes.