Los expertos en clima y territorio reclaman revisar todos los planes urbanísticos para adaptarlos a futuras catástrofes

Los expertos reunidos por la Universitat de València plantean una enmienda a la totalidad a las políticas de urbanismo del PP valenciano. La veintena de académicos y estudiosos sobre urbanismo, territorio, economía, cambio climático y agricultura han remitido sus conclusiones a la rectora de la institución, que se encargará de enviarlas a la Generalitat Valenciana con la esperanza de que las pongan en práctica. “Las proyecciones a futuro no son nada tranquilizadoras”, explican los expertos en el documento, coordinado por los catedráticos Joan Romero y Ana Camarasa, elaborado tras dos jornadas de conferencias y debates. Las previsiones “anuncian una mayor frecuencia e intensidad de los episodios atmosféricos extremos, con el consecuente incremento del factor de riesgo que ello implica para la población” y especial incidencia en las regiones mediterráneas, subrayan.

El documento destaca entre las medidas urgentes un claro imperativo: “No reconstruir ni volver a habitar zonas gravemente afectadas por crecidas extraordinarias o por temporales marítimos en la franja costera”. También la paralización de los proyectos urbanísticos en tramitación que contemplen edificación en zonas inundables “hasta que no pasen por un nuevo procedimiento de análisis del riesgo adaptado a las condiciones actuales de cambio climático y su proyección futura”. A corto plazo, instan a la revisión de la cartografía oficial de peligrosidad “calculada con modelos que minusvaloran la peligrosidad de la avenida”, así como delimitar oficialmente zonas para la protección activa del territorio frente a la inundación. En concreto, una figura de “zonas especiales para la protección activa del territorio frente al riesgo de inundación”, orientadas a la minoración de la peligrosidad en las áreas causantes. En materia de edificación, los expertos apuntan que se debe instar a que las plantas bajas no sean habitables en las zonas inundables

El cónclave de académicos coincide en la necesidad de formar a la población y especialmente a los mandatarios ante desastres naturales. Señalan que se debe “desarrollar una cultura del riesgo climático desde la que dar lugar a acción e innovación en relación al mismo”, que combine avances tecnológicos con pedagogía. A la par, reclaman sancionar a quienes fomenten la desinformación o el engaño a población y que utilicen las redes sociales en situaciones de emergencia, algo que han llamado “vulnerabilidad comunicativa”. En este sentido, instan a formar a la población en materia de emergencias y mejorar la capacidad predictiva de los sistemas de alerta temprana y seguimiento, revisando los protocolos de diseminación de alertas y mejorando la capacitación de la población y de los tomadores de decisiones. En cuanto al ecosistema mediático, destacan la necesidad de impartir cursos de formación de comunicación efectiva del cambio climático y los eventos extremos para los medios de comunicación, “orientados a una información real, basada en datos científicos y que evite el titular llamativo”.

“El territorio debe entenderse en primer lugar no como una mercancía, en función del aprovechamiento urbanístico que del mismo pueda derivarse, sino como un ecosistema en el que se han de priorizar el mantenimiento de los procesos ecológicos y la calidad de vida de la población”, recalca el documento, que insiste en la urgencia de tomarse en serio el cambio climático y adoptar políticas públicas orientadas a mitigarlo, apelando a la seguridad de la población. Asimismo, apunta, es conveniente efectuar un balance de planeamiento territorial parcial vigente, con la finalidad de potenciarlo y completar sus directrices y vinculaciones (en especial en materia de riesgos, fijación de viviendas para los afectados por desastres, implantación de infraestructuras, o la reubicación de suelos productivos vulnerables). “El planeamiento urbanístico municipal debe ser también revisado y actualizado en todos los casos, numerosos, en los que se encuentra obsoleto, con el objetivo de adaptarlo a los requerimientos ambientales y a las directrices y normas de aplicación directa que pudiera establecer el planeamiento territorial”, señalan.

En la misma línea, indican que la ordenación del territorio debe prestar especial atención a las ciudades y áreas metropolitanas, donde se concentra una parte importante de la población, así como muchos de los problemas socio-ambientales y las iniciativas innovadoras. Reclaman que las ciudades ejerzan el liderazgo en colaboración con sus municipios vecinos: “Estas áreas requieren de instrumentos de coordinación y gobierno para prestar de manera coordinada los servicios, gestionar la movilidad, disponer de planeamiento de conjunto, hacer frente a las necesidades de vivienda y distribuir de manera equitativa los recursos”.

Los académicos plantean que la reconstrucción de los territorios afectados por desastres ambientales “ha de ser aprovechado para replantear la sostenibilidad de los usos del suelo existentes y adaptar su diseño y ubicación a los requerimientos ambientales y de equidad socio-espacial”. En otras palabras: no volver a repetir los errores del pasado, como los del boom inmobiliario, que llenaron de ladrillos las zonas inundables.