La empresa Técnica y Proyectos SA (Typsa), investigada por el proyecto del circuito urbano de Fórmula 1 en Valencia que provocó millones en sobrecostes, realizó todo tipo de trabajos para el Gobierno de Francisco Camps. Los contratos más importantes y bien remunerados los hizo para la Conselleria de Infraestructuras antes y durante la dirección de la actual presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig.
Entre los trabajos más particulares que realizó para el departamento que dirigía Bonig entre julio de 2011 y noviembre de 2012 -aunque también realizó asesorías fuera del plazo del contrato- se encuentran la elaboración de respuestas parlamentarias y la redacción de discursos para inauguraciones en materia aeronáutica, en concreto sobre el aeropuerto de Castellón -el conocido aeropuerto sin aviones- y el aeródromo de Viver, gestionado por la empresa Avialsa investigada por el conocido como el cártel del fuego.
El contrato inicial para dos años lo firmó Mario Flores, predecesor en la conselleria de Isabel Bonig y también investigado en la causa de la Fórmula 1, por 392.981,75 euros. El acuerdo entre la conselleria y la empresa privada se formalizó el 30 de noviembre de 2010 y su ejecución arrancó el 1/12/2010. Ocho meses después entró Bonig en la conselleria y mantuvo el contrato hasta su suspensión el 20 de noviembre de 2012 para realizar una modificación contractual al haber surgido nuevas necesidades.
El contrato de asesoramiento y asistencia técnica se titulaba “Apoyo a la división de puertos, aeropuertos y costas en materia aeroportuaria para la realización de estudios técnicos y dirección técnica de planes, proyectos y estudios aeroportuarios”, pero se incluyeron más gastos como la elaboración de notas de prensa, discursos para inauguraciones o la elaboración de preguntas parlamentarias para contestar a la oposición en el Parlamento valenciano. Esta externalización se justificó por la falta de personal en la administración valenciana conocedora de la legislación aeroportuaria.
Typsa también realizó para la conselleria informes sobre la certificación del aeropuerto de Castellón, otro sobre su viabilidad, el informe de autorización del aeródromo de Viver, un informe para una reunión con la empresa Air Nostrum o el informe de la prórroga del helipuerto del hospital la Fe de Valencia.
El contrato de Typsa con la Conselleria de Infraestructuras de Flores y Bonig trasciende ahora porque la Generalitat ha tenido que abonar recientemente una factura a la empresa por enriquecimiento injusto de casi 40.000 euros. Asesoramientos como la redacción de discursos o las respuestas parlamentarias costaban 2.000 euros cada vez, según las facturas presentadas por la empresa ante la administración en poder de eldiario.es.