El gobierno valenciano no sabe cómo taponar las múltiples vías de agua abiertas con su decisión de cerrar Canal 9, la televisión pública valenciana. La reacción airada de parte de la ciudadanía, la protesta rotunda de la oposición en bloque y, sobre todo, la rebelión de los trabajadores, han puesto en jaque a Alberto Fabra.
De hecho, los profesionales de Ràdio Televisió Valenciana, acusados hasta ayer de ser un altavoz del PP, han tomado la televisión para emitir un monográfico en el que reclaman que la televisión no se cierre –el rótulo #RTVVnoestanca, RTVV no se cierra, preside toda la emisión- y critican sin piedad el despilfarro, el clientelismo y la supuesta corrupción que han llevado a la televisión al abismo.
Con esta programación especial, inédita y autogestionada, Canal 9 triplicó ayer su audiencia, que fue superior al 9% de cuota de pantalla. Un debate plural celebrado en prime time fue incluso lider, con un 13,7% de share y más de 300.000 espectadores. El desgaste del Consell es evidente. Ciudadanos, líderes sociales y políticos desfilan ahora en bucle por RTVV para pedir la continuidad de la cadena y atacar al partido en el gobierno.
Recurso desesperado: un notario
El gobierno valenciano, en un acto desesperado para frenar o minimizar daños, envió en la noche del miércoles un notario a RTVV para pedir a la directora general, Rosa Vidal, que la programación se ajustara a lo pactado en el contrato programa. Vidal, enfrentada a Fabra, aunque éste la aupara al cargo hace 13 meses, aprovechó la visita del fedatario público para ponerlo todo patas arriba: dimitió, junto todo su equipo, generando un enorme vacío de poder. El jueves por la mañana, la ya exdirectora general denunció en la SER las “injerencias” del PP en la politica informativa del ente.
Ahora mismo, nadie manda en Canal 9. En palabras de Salut Alcover, la presidenta del comité de empresa, “no sabemos muy bien si esto es cooperativismo o anarquía”. Lo bien cierto es que la televisión continúa emitiendo. En un hecho insólito, los líderes de la oposición –Ximo Puig (PSPV), Enric Morera (Compromís) y Marga Sanz (EU)- debatieron en la noche del miércoles junto con el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, sobre el cierre de Canal 9. Castellano, acostumbrado a una televisión dócil y sumisa, debió alucinar. Fue atacado por los políticos y, en ocasiones, acorralado por las preguntas de las periodistas.
Cómo liquidar RTVV
Con este panorama, el Consell ha decidido intentar acelerar el cierre de Canal 9. Los servicios jurídicos de la Generalitat trabajan contrarreloj para buscar fórmulas jurídicas que acaben cuanto antes con un potente altavoz mediático. Una de esas fórmulas, la más rápida, sería el decreto ley.
El problema es que éste es un procedimiento de urgencia que no se puede utilizar si afecta a derechos fundamentales. RTVV, como medio de comunicación, podría estar vinculado a la libertad de expresión. El cierre bajo este método podría ser tumbado en los tribunales.
Las otras opciones son una proposición de ley que, lógicamente, comporta un debate parlamentario. Con el actual calendario del parlamento valenciano, la clausura se podría prolongar durante meses, aunque también se podría impulsar una proposición de ley de lectura única, que podría rebajar los plazos.
En cualquiera de los casos, el caos de Canal 9, una constante en la vida de la cadena, se podría prolongar durante varias semana, aunque Fabra no da su brazo a torcer. “Lo que debe hacer la administración es replantearse que está para otras cosas, que son garantizar los servicios básicos”, ha dicho este jueves a la Cadena Cope en relación con el cierre, que sigue siendo “irreversible”.