Tina Sanjuan, condenada a siete años de prisión y siete de inhabilitación, Marc Llinares (cuatro y 11) y Xavier Llopis (tres y dos) siguen trabajando para la Generalitat gestionando dinero público pese a haber sido condenados por el saqueo de las ayudas al desarrollo perpetrado bajo la dirección de Rafael Blasco, el que fuera hombre fuerte del PP.
Sanjuan, la mano derecha de Blasco, trabaja en el Servicio General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura y Educación. Llinares, en el Servicio de Administración Electrónica de la Conselleria de Hacienda.Y Llopis, revisa la autorización de las publicaciones del fondo editorial público en la Conselleria de Presidencia. Siempre según la información de El Mundo, los tres manejan –y, por supuesto, cobran- dinero público.
¿Por qué tres cargos condenados por uno de los casos más escándalos de corrupción en la Comunitat Valenciana siguen trabajando para la Generalitat? Sencillamente, porque ninguna de las partes personadas en el caso –la Fiscalía, las acusaciones populares o la Generalitat, que también pidió la condena de los acusados- ha solicitado al tribunal su suspensión cautelar a la espera de la resolución de los recursos presentados ante el Tribunal Supremo. Blasco, por el contrario, está alejado de la vida pública tras su dimisión como diputado.
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, presume de haber trazado una “línea roja” contra la corrupción en su partido. Sin embargo, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, o la de Novelda, Milagrosa Martínez, la expresidenta de las Corts Valencianes que será juzgada por su relación con la trama Gürtel, siguen en sus cargos.
Sanjuan, Llopis y Llinares, junto con Blasco y otras cinco personas, fueron condenadas por malversación, tráfico de influencias, prevaricación o falsedad por apropiarse de 1,8 millones de euros destinados a un proyecto de cooperación en Nicaragua, donde sólo llegaron 43.000 euros. Hay casi 130 cargos del PP relacionados con la corrupción en la Comunitat Valenciana.