Después de que esta semana se haya constituido el grupo de trabajo que debe analizar el actual sistema de financiación autonómico y se haya establecido el 7 de marzo como fecha tope para que las comunidades autónomas presenten sus análisis y propuestas para la elaboración del nuevo modelo de financiación autonómica -de 2009-, el President Alberto Fabra se ha puesto en contacto con los presidentes de Murcia (Ramón Luis Varcárcel) y Baleares (José Ramón Bauzá) para hacer frente común en la negociación con el Gobierno.
En este sentido, los tres gobiernos autonómicos han acordado trabajar de forma coordinada para evaluar el actual modelo de financiación autonómica y hacer propuestas conjuntas para el nuevo sistema, que serán trasladadas al Ministerio de Hacienda, según confirmaba este viernes el vicepresidente del Consell, José Císcar, que insiste en la necesidad de que el nuevo modelo de financiación tenga carácter retroactivo.
Este análisis pretende complementar al del grupo de trabajo iniciado en el ministerio, con el objetivo de intentar corregir “agravios y deficiencias injustas” que genera el modelo actual, vigente desde 2009, especialmente en estas tres autonomías y que para el año 2014 dejan un déficit aproximado de 1.500 millones de euros en la Comunitat Valenciana. Para lograr esta cantidad, el Consell insiste en que Hacienda ponga en marcha un sistema de compensación transitorio.
Las conclusiones de esta reunión “sentarán las bases para debatir y mejorar” el nuevo sistema de financiación y su objetivo es aportar fórmulas que “puedan corregir las desigualdades” que el anterior modelo ha conllevado “de forma especial” a estas tres comunidades.
Para el análisis y definición de nuevas propuestas se tendrán en cuenta los informes elaborados en la Comunitat Valenciana por expertos designados por Les Corts Valencianes y por los Premios Rey Jaime I en Economía.
Las bases de partida acordadas por las tres comunidades son la ruptura del 'statu quo'; que el nuevo modelo de financiación cubra los servicios básicos fundamentales de sanidad, educación y bienestar social en condiciones de igualdad entre las autonomías y con independencia del nivel de renta; así como que el sistema se acoja a criterios de población, según reconocía el propio Císcar.
Estos criterios permitirían, apuntaba el vicepresidente de la Generalitat, elaborar un modelo de financiación “más justo y equitativo, y menos opaco y discriminatorio”, explicaba Císcar, al tiempo que añadía que todavía no se ha establecido una fecha para el primer encuentro entre las tres autonomías y que este 'frente' está abierto a otras comunidades.