La Generalitat decidió comprar Valmor, la empresa que organizaba el Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia, a pesar del informe de los abogados de la Generalitat que lo desaconsejaba. Así lo asegura Eva Martínez, diputada socialista. El gobierno presidido por Alberto Fabra rescató de la quiebra a la sociedad impulsada por empresarios afines al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, pagando los 34 millones de euros de deuda que arrastraba.
En caso de haber obtenido beneficios, Valmor se los hubiera quedado. Al menos, jurídicamente podría haberlo hecho. La operación fue calificada de “insólita” y “pufo” en mentideros empresariales. La Generalitat socializó las pérdidas ocasionadas por la Fórmula 1 en vez de dejar caer a la sociedad participada por Bancaja, luego Bankia, Fernando Roig, hermano del dueño de Mercadona y presidente del Villarreal CF, y una sociedad propiedad del expiloto de motos Jorge Martínez Aspar y Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino.
La Fiscalía ya investiga la operación, denunciada en su día por el PSPV-PSOE y EU. En opinión de Martínez, los altos cargos de la Generalitat conocían el informe de los abogados y “a pesar de ello dijeron que sí y malversaron presuntamente miles de millones de euros de todos los valencianos”. La consellera de Educación, María José Catalá, dice no tener constancia del dictamen de los asesores legales del gobierno valenciano.
Adjudicación y rescate a dedo
Valmor, que recibió a dedo el encargo de gestionar la Fórmula 1, fue deficitaria desde el primer momento. En contra de lo pactado, ni siquiera abonó el canon a la organización por el segundo gran premio en Valencia, finalmente pagado por una empresa de la Generalitat.
El gobierno valenciano defiende que la asunción de sus pérdidas era el mal menor: se rescataba a Valmor o no se realizaba la prueba y, como penalización, se pagaba 71 millones de dólares (54 millones de euros al cambio actual) al patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone.
La oposición sostiene que la Generalitat podría haber organizado la prueba sin el concurso de Valmor y cree que la operación es “ilegal” e “inmoral”. De entrada, el sueño roto de la Fórmula 1 le ha costado 300 millones al contribuyente.