El president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció el pasado 5 de enero un acuerdo para que las farmacias de la Comunitat Valenciana puedan notificar los casos positivos de las pruebas COVID-19 presenciales de antígenos y registrarlos en la base de datos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública con el consentimiento de las personas que se los han realizado.
Así, las farmacias que lo deseen podrán adherirse voluntariamente a esta iniciativa que comenzará a aplicarse esta misma semana, con la que se busca reducir la actual presión asistencial en la Atención Primaria.
Sin embargo, la medida ha venido acompañada de polémica ya que el presidente del consejo autonómico de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la Comunitat Valenciana y presidente del Colegio de Castellón, Sergio Marco Peiró, ha anunciado este martes que “en la Comunitat Valenciana la administración no va a asumir los costes de la realización de pruebas de autotest para el COVID en las oficinas de farmacia, por lo que desde el consejo autonómico de Colegios de Farmacéuticos se ha considerado la opción de que cada oficina de farmacia de forma voluntaria estipule en base a los costes de los materiales utilizados en esas pruebas el repercutirlos al usuario que decida realizarse esa prueba en la farmacia para su posterior comunicación”.
Desde la Conselleria de Sanidad se han mostrado sosprendidos y contrariados ante este anuncio y han afirmado que se trata de una decisión “unilateral y exclusiva” ya que cobrar por el servicio no está incluido en el acuerdo ni fue planteado por ellos en ninguna de las conversaciones realizadas para poner en marcha este servicio.
La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU) considera admisible que, por una parte, el gobierno central vaya a reunirse este jueves para tomar la decisión de poner un límite a los precios de dichos test y, por otro lado, a partir de ahora quieran cobrar por comunicar los positivos a Sanidad a través de los propios farmacéuticos.
“Entendemos que debería instalarse un sistema que sea gratuito, ya que la pandemia ya nos ha costado (y nos sigue costando) mucho dinero. Los consumidores no podemos pagar las cantidades que se están pagando por dichos test (no hay que olvidar que España es uno de los países de Europa donde están más caros) y, además, que paguemos también por la gestión de enviar los resultados a la Conselleria”.
En palabras del presidente de la asociación, Fernando Móner, “si la Conselleria no tiene medios suficientes para poder hacerlo, que los ponga en marcha puesto que los consumidores ya pagamos nuestros impuestos como para que esto sea un servicio público”.