Las grietas del sistema: puntos de encuentro familiar y violencia machista

En política y en la judicatura, “perdón” es una palabra difícil de pronunciar. Después de los últimos crímenes machistas que se han acumulado estas semanas, políticos y jueces han empezado a pedir perdón. Desde las instituciones que se dedican a proteger a los ciudadanos han comenzado a admitir que están fallando en garantizar la seguridad a un grupo extenso: las mujeres. Jueces, abogados, investigadores y expertas están de acuerdo en que el sistema no está funcionando, que no se valora bien el riesgo. Dos de cada tres españoles, según un sondeo de Metroscopia, opinan igual. La cuestión es dónde y por qué.

Desde varias asociaciones feministas en las que militan y trabajan abogadas, psicólogas o investigadoras tienen algunas respuestas y la mayoría apuntan a la justicia patriarcal. Este término recoge los mecanismos que cuestionan a las mujeres cuando denuncian una agresión o cuando se alegan razones basadas en estereotipos para hacer un juicio más moral que acorde a derecho. Justicia patriarcal significa que las mujeres no tienen credibilidad cuando narran su dolor.

Una de las grietas del sistema que estos colectivos denuncian está en los puntos de encuentro familiar, un recurso de intervención psicosocial ante las situaciones de “ruptura familiar”, entre las que se encuentra los casos de violencia de género. Los tribunales utilizan los recursos de puntos de encuentro cuando consideran necesario supervisar las relaciones de los menores con sus padres o familiares en las ocasiones en las que se presentan problemas en el cumplimiento del régimen de visitas. El Síndic de Greuges lleva investigando estos puntos y el servicio que prestan desde el pasado mes de noviembre y ha organizado en Alicante un encuentro de todos los defensores del pueblo para analizar la atención a las víctimas de violencia de género, incluyendo a los menores en esta categoría.

En la Comunitat Valenciana hay 18 puntos de estas categorías, que en 2017 atendían a más de un millar de menores, aunque en diciembre se amplió con 11 más. El único de titularidad municipal es el de Valencia, mientras que el resto dependen de Consellería de Igualdad y en algunos casos los gestiona la empresa de seguridad Eulen. Esta empresa fue investigada por el Síndic por un recorte en derechos laborales de los empleados y llegó al juzgado una denuncia de los empleados de que la empresa había cubierto bajas de psicólogos con personal administrativo.

Las quejas que han recibido tanto el Síndic como los colectivos feministas apuntan a una culpabilización de la mujer por parte del personal que presta ese servicio, desde el que se encuentra en los centros hasta los peritos que hacen las evaluaciones.

En una de las quejas que recoge este organismo, una usuaria del punto en Valencia comenta que su hija no quiere ver a su padre, que llora cuando asiste al punto y que el personal la ha forzado a mantener el encuentro. La queja señala lo siguiente: “Nos manifiesta la interesada que la única forma que ha utilizado el centro para desbloquear la situación son las amenazas y las coacciones sobre ella y sus hijas en el sentido de asustarlas con frases como ”si no os vais con vuestro padre la jueza os llamará a declarar y todo será peor, entonces si vais a llorar“. Esta protesta está fechada en 2011, y siete años después la situación no ha evolucionado. En otra queja a la que ha tenido acceso este diario, una madre alerta de manipulación del niño por parte del padre delante del asistente social que atiende el punto de encuentro, reconocido por el propio asistente. La madre explica que se trató de un incidente traumático delante del hijo y que desde entonces, dada la alteración, el menor se ha tenido que medicar.

“Las menores y las madres se sienten coaccionadas en muchas ocasiones en lo que entienden como amenazas veladas, cuando no explícitas de que acudirán al juzgado para que cumplan sí o sí con el régimen de visitas”, denuncia Herminia Royo, abogada y miembro de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas.

Tras recibir y analizar varias quejas sobre estos puntos, critican la ausencia de perspectiva de género y de empatía de parte del personal. “Nos llegan informes en ocasiones que culpan a las madres de que los hijos no quieran acudir [a ver a los padres]. Si no hay acuerdo, parece que la culpa sea de la madre”, añade Royo.

La abogada lamenta que para los jueces prevalezca el derecho del padre a ver a los menores y se cuestione el testimonio de las mujeres. “Los puntos de encuentro no pueden ser un recurso de visitas de los maltratadores”, alerta la experta, que recuerda que hay padres con orden de alejamiento que se encuentran en la puerta con sus víctimas.

En otra de las quejas que ha recibido el Síndic se narra como se ha alentado al padre a acudir al Juzgado para acusar a su expareja de ser responsable del denominado Síndrome de Alineación Parental. El concepto de este “síndrome” lo creó el psiquiatra Richard Gardner en el marco de un litigio por la custodia de sus hijos, alegando que habrían sufrido manipulación por parte de la madre. Se aplicó, por ejemplo, en el caso de Juana Rivas

El SAP, desaconsejado por el Consejo General del Poder Judicial

Gardner, un estadounidense conocido por sus best-sellers, propuso que a nivel judicial se otorgara la custodia del menor al progenitor rechazado interrumpiendo totalmente la comunicación con la madre, quien debería ser tratada por un experto en SAP mientras se “desprogramaba” al menor. Esta práctica se considera por psicólogos y juristas un arma contra la madre que presenta al padre como una víctima del proceso judicial, incluso algunos la tildan de “pseudociencia”.

La psicóloga Amparo Gabaldón explica que la prueba sobre el síndrome no sólo está desaconsejada, sino que es “un término sin rigor científico, que además va en la línea de amenazas que el maltratado vierte sobre la mujer y que genera doble victimizacion y violencia estructural”. La teoría del SAP, continua Gabaldón, “pone el foco en la víctima superviviente de violencia de género, poniéndola en tela de juicio, por lo que es posible que se le exijan una serie de informes y peritajes que por supuesto tienen coste elevado”, cercano a los 800 euros por prueba.

En 2013 el Consejo General del Poder Judicial instó a los jueces a no utilizar esto como prueba. Una comisión de expertas desarrolló una guía para la aplicación práctica de la ley de Igualdad de 2004 en la que dedica un capítulo completo a desautorizar estas siglas. La inclusión de la prueba ha sido rechazada en los dos grandes sistemas diagnósticos de salud mental, el DSM-V de la Asociación Americana de Psiquiatría, y el ICE-10 de la Organización Mundial de la Salud.

Dicen las expertas en la guía que esta “no es una categoría diagnóstica clínica, ni en Medicina ni en Psicología” y parte “de una concepción estereotipada de base cultural de los roles de hombres y mujeres, y conlleva cargar de intencionalidad y acción a supuestas conductas de la madre para enfrentar a sus hijos e hijas al padre”. Además, es una prueba desaconsejable en casos de violencia de género: “La conclusión diagnóstica de SAP no es aplicable cuando ha existido una situa­ción de violencia de género, al haber sido los hijos y las hijas de esa relación víctimas y testigos de la violencia”, añaden.

“Esta Sala comparte las profundas dudas científicas sobre la existencia de ese síndrome, y, en su caso, sus causas, consecuencias y soluciones, no obstante, sin entrar en dicho debate, pero teniendo en cuenta que el padre sostiene que los hijos están mediatiza­dos por la madre, debe indicarse que no ha quedado acreditado que las menores puedan estar condicionadas por lo que su madre les haya dicho, sino más bien por las vivencias experimen­tadas con su padre, incluso en las visitas en el Punto de Encuentro Familiar”, concluye la guía.

En política y en la judicatura, “perdón” es una palabra difícil de pronunciar. Después de los últimos crímenes machistas que se han acumulado estas semanas, políticos y jueces han empezado a pedir perdón. Desde las instituciones que se dedican a proteger a los ciudadanos han comenzado a admitir que están fallando en garantizar la seguridad a un grupo extenso: las mujeres. Jueces, abogados, investigadores y expertas están de acuerdo en que el sistema no está funcionando, que no se valora bien el riesgo. Dos de cada tres españoles, según un sondeo de Metroscopia, opinan igual. La cuestión es dónde y por qué.

Desde varias asociaciones feministas en las que militan y trabajan abogadas, psicólogas o investigadoras tienen algunas respuestas y la mayoría apuntan a la justicia patriarcal. Este término recoge los mecanismos que cuestionan a las mujeres cuando denuncian una agresión o cuando se alegan razones basadas en estereotipos para hacer un juicio más moral que acorde a derecho. Justicia patriarcal significa que las mujeres no tienen credibilidad cuando narran su dolor.