La fábrica de bulos de los fieles al exjuez Fernando Presencia (Lorca, 1964) no descansa ni en verano. Presencia, encarcelado desde hace poco más de un año en el módulo 9 de la prisión de Logroño, cuenta con un reducido grupo de seguidores que se moviliza semanalmente ante la penitenciaría para expresar su apoyo al polémico exjuez expulsado de la carrera judicial. Los videos de las movilizaciones, en las que participan apenas tres o cuatro personas, alimentan un canal de Telegram con más de 10.000 seguidores que recoge firmas para reclamar su liberación y recauda “fondos voluntarios” para financiar su defensa jurídica. Se trata del antiguo canal de la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), cuya página web fue cerrada por orden de la Audiencia Nacional.
En uno de los últimos mensajes, el canal de Telegram afirma que dos de los siete candidatos a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “están denunciados por el juez Presencia y ACODAP por tener cuentas en paraísos fiscales”. Así, sostiene que dos conocidos magistrados del Tribunal Supremo (TS) tendrían un total de 4,2 millones de euros en bancos de Irlanda y Luxemburgo. Uno de los aludidos fue el ponente de la sentencia que confirmó una sanción por una falta muy grave impuesta hace más de una década al exjuez, entonces titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de València.
Los fieles a Presencia, que siguen refiriéndose al preso como “juez” (como si estuviera en activo, a pesar de que fue expulsado de la carrera judicial en una decisión avalada por el TS), incluyen denuncias ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria con supuestos documentos bancarios que ni siquiera cuentan con el logotipo de la entidad. También están escritos en castellano, a pesar de tratarse de entidades bancarias extranjeras.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya desmontó los documentos. Se trataba de una simple “plantilla” de Word creada para “fabricar los documentos bancarios que acompañan a las denuncias donde se imputa a diferentes personas la titularidad de depósitos en entidades bancarias situadas en paraísos fiscales”, según un auto del juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea. La plantilla fue hallada en los registros de los domicilios del ultraderechista Alberto Royuela y de Juan Martínez Grasa, colaborador de la asociación que presidía Fernando Presencia.
Martínez Grasa fue liberado el pasado mes de diciembre. Poco antes salieron en libertad Alberto Royuela y su hijo Santiago tras cinco meses en prisión provisional. Presencia y los Royuela fueron los primeros conspiranoicos de España enviados a prisión por hacer negocio con las 'fake news'.
El exjuez cumple actualmente una condena de dos años y 10 meses de prisión por denuncia falsa y calumnias con publicidad contra el fiscal decano de Talavera de la Reina, su último destino. A la localidad toledana fue trasladado forzosamente desde València, ciudad de origen de la familia de Presencia, tras la sanción impuesta en 2012 por el CGPJ por una falta muy grave consistente en realizar actividades incompatibles con su función. El exjuez siempre ha sostenido que se trató de un “destierro”.
El magistrado organizaba cursos sobre derecho concursal sin solicitar permiso para ello y llegó a nombrar como administradores concursales en asuntos pendientes de su juzgado a algunos de sus alumnos. El TS confirmó al año siguiente la sanción, en una sentencia que desestimó su recurso y cuyo ponente fue precisamente uno de los magistrados del alto tribunal al que Presencia atribuye una (falsa) cuenta en Luxemburgo con tres millones de euros.
Inhabilitado por el Tribunal Supremo
Una vez apartado del juzgado de lo Mercantil de València, Presencia recaló en Talavera de la Reina y fue condenado por un delito de prevaricación por haber sobreseído una querella por estafa contra una persona con la que, según los hechos probados de la sentencia firme de 2018, mantenía una relación de amistad.
Tras su expulsión de la carrera judicial, Fernando Presencia presidió ACODAP, en alianza con los Royuela (creadores de otra disparatada trama complotista) y con Alberto Portabella Fernández, encargado de las redes sociales de la entidad y titular de la cuenta y de dos números de teléfono móvil asociados a Bizum a los que se vehiculan los fondos recaudados, según la UCO.
El exjuez figura como investigado por los presuntos delitos de estafa agravada o apropiación indebida, organización criminal, asociación ilícita, falsedad, blanqueo de capitales, contra las altas instituciones del Estado, injurias y calumnias y frustración de ejecución.
Un informe del departamento contra el Cibercrimen de UCO de la Guardia Civil concluyó que la asociación era un “artificio, un ardid o engaño, creado para ganar dinero mediante aportaciones de personas que creen estar luchando contra la corrupción”. Así, los investigadores del instituto armado detectaron unos ingresos de 188.722 euros en una cuenta cuyo único autorizado era el polémico exjuez.
De esos fondos, Presencia habría abonado gastos “aparentemente de índole privado” de 22.500 euros en pagos con tarjeta y obtenido 11.730 euros en retiradas en cajeros, según la UCO. Alberto Royuela habría dispuesto de 27.200 euros de la misma cuenta bancaria.