Fira València contrata a Broseta y reconoce el “riesgo de sanciones” del Tribunal de Cuentas por pagos indebidos

La empresa pública Fira València SA ha contratado a despacho Broseta Abogados para que le asesore en el marco de las diligencias abiertas por el Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades contables. Fira Valencia pretende minimizar “riesgos de sanciones o responsabilidades derivadas de posibles irregularidades”, por el pago de sueldos y dietas indebidos“.

La firma pública ha adjudicado al bufete un contrato menor, con una duración de diez meses y por un valor de 14.000 euros, para el “asesoramiento técnico en materia económica-presupuestaria” frente al expediente abierto por el órgano fiscalizador de cuentas y que incluye a “profesionales con diversos perfiles”. Se trata de un conocido despacho propiedad, entre otros, del hermano de Pablo Broseta, actual secretario autonómico de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas.

La memoria justificativa del contrato, firmada por el gerente, Jorge Fombellida, sostiene que Fira València no puede atender “con medios propios” las obligaciones ante el Tribunal de Cuentas, que investiga el pago de los sueldos de seis directivos que habrían cobrado más de lo que marca la ley, así como las dietas, los complementos y el abono de extras y kilometraje de toda la plantilla, tal como informó elDiario.es. 

Tras su conversión en una empresa autonómica y de sus trabajadores en empleados públicos, Fira València siguió pagando los mismos salarios, seis de los cuales superan con creces al máximo que puede abonar una entidad de este tipo (unos 65.000 euros). El Tribunal de Cuentas considera que los salarios de la entidad son nulos de pleno derecho y estudia la posibilidad de obligar a la entidad a devolverlos.

El Tribunal de Cuentas analiza las alegaciones planteadas por Fira Valencia después de que la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat y la Fiscalía del órgano fiscalizador informaran favorablemente sobre la denuncia del pago de los sueldos y dietas indebidos.

Unas diligencias con “impacto” y “trascendencia”

La resolución de adjudicación, firmada el pasado 7 de marzo por el gerente, considera que el contrato menor es la forma “más idónea y eficiente” para obtener asesoría jurídica. La memoria justificativa, por su parte, destaca el “impacto y la trascendencia” del expediente abierto por el Tribunal de Cuentas, por lo que la contratación externa de un bufete “resulta fundamental” para que Fira Valencia cuente con un “soporte técnico de calidad” y una “adecuada respuesta” al órgano fiscalizador.

El contrato menor también “responde a la necesidad de optimizar los recursos disponibles”, argumenta Jorge Fombellida. Para justificar la “idoneidad del contratista”, la documentación consultada por este diario alude a la “mejor relación calidad-precio” y a la “adecuación a los requerimientos específicos del contrato”.

De hecho, el procedimiento de adjudicación se basó en el criterio de la oferta económicamente más ventajosa. Broseta fue el único licitador que se presentó al proceso, según los datos que constan en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Fira València destaca la necesidad de cumplir con las obligaciones ante el Tribunal de Cuentas. “La entidad”, abunda el gerente, “debe responder con rigor técnico y jurídico a los requerimientos del Tribunal de Cuentas, asegurando que la documentación económica y presupuestaria aportada sea clara, coherente y conforme a la normativa aplicable”.

También incide en la “garantía” de seguridad jurídica y financiera. “Un asesoramiento especializado permitirá evitar errores en la interpretación y aplicación de la normativa contable y presupuestaria, minimizando riesgos de sanciones o responsabilidades derivadas de posibles irregularidades”, afirma el gerente de la empresa pública.

La “complejidad” del procedimiento

Además, Fombellida se escuda en la “optimización” de los recursos internos y en la “complejidad” de un procedimiento que “requiere conocimientos técnicos especializados que pueden exceder las capacidades del personal interno de la entidad, por lo que es necesario contar con un experto en la materia”.

La empresa pública pretende mejorar sus procedimientos de gestión y “fortalecer” sus mecanismos de control financiero, “previniendo futuras incidencias”. Por otro lado, la memoria del contrato indica que la respuesta a los requerimientos del Tribunal de Cuentas “debe realizarse en tiempo y forma, evitando retrasos que puedan generar perjuicios a la entidad”.

“Un asesoramiento ágil y especializado garantizará que la entidad cumpla con sus obligaciones sin comprometer su operatividad”, concluye Jorge Fombellida.