El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, ha retratado la trama corrupta de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', en la exposición de sus conclusiones definitivas durante el juicio por la pieza separada J del 'caso Taula' sobre el pago de varias campañas electorales del PP por parte de Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia.
El representante del Ministerio Público ha defendido las grabaciones, aportadas por el exsuegro de Benavent y por la diputada provincial de Esquerra Unida Rosa Pérez Garijo, que sirvieron para iniciar la investigación del saqueo: “En ningún caso las grabaciones por parte de interlocutores de conversaciones con otras personas supone una vulneración de ningún derecho fundamental”, ha explica Pablo Ponce en respuesta a la estrategia de defensa del 'yoqui del dinero', quien tras más de seis años de colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y con Anticorrupción, mantiene que ahora que manipuló los audios.
El fiscal ha recordado que las declaraciones iniciales del 'yonqui del dinero' a lo largo de la instrucción “han gozado de gran fiabilidad”. Los gastos electorales del PP en las elecciones del 2007 en Vilamarxant y en Montcada fueron abonados a través de una empresa pantalla de Marcos Benavent, según ha acreditado la investigación de la UCO. “La fiesta no la pagó el PP”, ha dicho el representante del Ministerio Fiscal.
Ponce ha recordado el archivo “Caja” de la empresa Thematica Events SL, que los investigadores de la Guardia Civil tuvieron que descifrar y ha desgranado la cronología de la facturación de las firmas pantalla de Benavent con los destinos a los que era enviado como presunto recaudador de la trama: la Fundación Jaume II El Just y la empresa pública Imelsa. El fiscal ha explicado que la manera de recuperar el dinero que abona la empresa de Benavent para las campañas electorales del PP es “inflar facturas” y ha tildado a Imelsa de “sociedad pública cuyo diseño es evidentemente defraudar”. “Facturas huérfanas de cualquier expediente de contratación y de cualquier tipo de contrato”, ha apostillado.
El 'yonqui del dinero', ha dicho, “ya había colonizado” con Juan José Medina, ex número dos de Alfonso Rus también acusado en el 'caso Taula', la Diputación de Valencia para “contar con presupuesto”. “Era muy sencillo inflar facturas, Imelsa carecía de cualquier tipo de control”, afirma el fiscal anticorrupción.
El representante del ministerio público se ha referido al papel del PP en la trama. “Sí que hay caja B, no porque lo diga el fiscal, hay una sentencia que dice que había una caja B de las elecciones del PP que estaba siendo pagada por los empresarios”, ha recordado Ponce, quien se ha mostrado escandalizado por la declaración, como testigo, del entonces gerente de los populares en Valencia, José Antonio Moscardó, que se desentendió de determinados pagos de la campaña. .
“Lo que no puede ser es que tengamos leyes que obliguen a llevar la contabilidad al Tribunal de Cuentas y venga un gerente y diga que se apañen. Las leyes son iguales para todos”, ha espetado el fiscal, quien ha apostillado: “Quien se beneficiaba del pago era el PP”.