El pasado 27 de diciembre arrancó el proceso de vacunación en la Comunitat Valenciana bajo unas claras directrices del Ministerio de Sanidad en las que quedan establecidas el orden de vacunación a seguir en todas las autonomías.
Tal y como informó en su momento la Conselleria de Sanidad, los primeros en administrarse la vacuna serían los sanitarios que tratar de forma a directa a pacientes con coronavirus, así como las personas mayores internadas de residencias y los trabajadores sociosanitarios de estos centros. En caso de no poder acceder a este grupo, se debía a vacunar a los del siguiente, es decir, al resto de empleados de Sanidad y personas mayores de fuera de las residencias.
Sin embargo, en las primeras semanas de enero empezó a suscitarse la polémica en torno a las vacunaciones de determinados cargos que no pertenecen a ninguna de estos grupos. La Conselleria de Sanidad encargó una investigación cuyos datos se hicieron públicos el pasado 2 de febrero y en los que salió a la luz que una decena de cargos públicos se habían colado en el proceso. A ellos se sumaron posteriormente otros tres casos que saltaron a la luz posteriormente.
De los 13, ocho son políticos, tres son sindicalistas, uno fiscal y hasta un obispo, en concreto el de Orihuela-Alicante. Sin embargo, de todos ellos tan solo tres han tenido la dignidad de dar un paso a un lado y dejar sus cargos de responsabilidad.
Los primeros en hacerlo, prácticamente al mismo tiempo, fueron la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Dénia, Cristina Morera, así como el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, tal y como avanzó elDiario.es. Morera se vacunó junto a algunos familiares el 12 de enero en residencia la Santa Lucía, mientras Cuesta hizo lo propio el 29 de enero en el centro de Salud 9 de Octubre, del que es coordinadora su mujer.
El secretario general valenciano del sindicato Comisiones Obreras (CCOO PV), Arturo León, presentó su dimisión el pasado 10 de febrero tras saltar a la luz que se vacunó el 15 de enero, antes de recuperar su plaza como técnico de riesgos laborales en el hospital General de Alicante.
El resto de cargos que se han colado en el proceso, se aferrado a sus cargos. Un caso idéntico al de León es el del líder del Sindicato Médico de Alicante, Víctor Pedrera, quien de momento mantiene sus funciones. Como avanzó este diario, Pedrera se administró la primera dosis el día 9 de enero en el centro de salud de San Blas adscrito al departamento de salud de Sant Joan (Alicante) pese a que fue el 18 de enero cuando se le autorizó a reincorporse a su plaza de médico de cabecera en el mencionado ambulatorio. Además, Pedrera también se puso la segunda dosis.
El tercer sindicalista que se ha conocido que se puso la vacuna antes de que le tocara fue Jesús García, secretario de Salud de UGT, quien se vacunó el 12 de enero y el 3 de febrero en el hospital Doctor Peset de València. García puso su cargo a disposición de la dirección del sindicato, que rechazó relevarlo del mismo.
Por otra parte, también se saltó el orden Jesús Murgui, obispo de Orihuela-Alicante, quien se vacunaba de forma irregular el pasado 8 de enero en la Casa Sacerdotal de Alicante con la primera dosis de Pzifer contra la COVID-19 junto a su hermana y su cuñado. También lo hizo el vicario general de la diócesis, Vicente Javier Martínez Martínez, y los sacerdotes vinculados a la Casa Sacerdotal, recinto con el que Murgui comparte equipo médico, quien renunció a recibir la segunda dosis, al tiempo que rechazaba haber recibido “ningún trato de favor”.
El resto de políticos que se vacunaron y que siguen aferrados al cargo son los alcaldes de El Verger, Ximo Coll, y de Els Poblets, Carolina Vives, ambos del PSPV, quienes se vacunaron juntos el 8 de enero. También figura en el listado Luis Rubio, alcalde de Villahermosa del Río (PP), administrador de la residencia en la que se vacunó, quien se incluyó en el listado que se remite a Salud Pública.
Francisco López López, alcalde de Rafelbunyol (PSPV), se vacunó el domingo 27 de diciembre con una dosis que supuestamente sobró al final de la jornada. El alcalde de la Nucía, Bernabé Cano (PP), se vacunó 6 de enero en residencia Savia de la localidad, mientras la concejala de Residentes Extranjeros de la localidad, Jessica Gommans (PP), hizo lo propio la residencia Montebello.
El concejal de Sanidad de Orihuela, José Galiana (PP), se puso la vacuna sin autorización para ello y sin figurar en los listados en la residencia Savia de la localidad, y Ángel Ribes (PSPV), alcalde de Benlloch, fue suspendido de militancia cautelarmente tras saltar a la luz su vacunación presuntamente irregular.