La fiscal ha asegurado este lunes que la actitud de la empresa adjudicataria del proyecto Castor, Escal UGS, y sus dirigentes refleja la concepción que tenían del almacenamiento desde un principio, “despreciando cualquier problema relacionado con la sismicidad”, y ha advertido de que la baja peligrosidad sísmica “no puede ser motivo para ampararse en esa falta de evaluación de riesgos”.
Así se ha manifestado la representante del Ministerio Público en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Castellón contra dos directivos de Escal UGS y la mercantil como persona jurídica, por un delito medioambiental, el cual ha quedado visto para sentencia.
La fiscal ha mantenido las conclusiones en cuanto a la petición de penas -para cada uno de los dos directivos acusados 6 años de prisión y 15.600 euros de multa-, y sí ha eliminado en la calificación el riesgo catastrófico, al considerar que no ha quedado acreditado, mientras que las defensan piden la libre absolución tanto de los acusados como de la mercantil.
En su intervención, la fiscal se ha referido al informe del Observatorio del Ebro de 2005, “que resume lo que aconteció en Castor, y es que son eventos normalmente de pequeña magnitud pero que podían ser precursores de terremotos más grandes, los eventos podían tener lugar a kilómetros del pozo y podían producirse después de finalizada la inyección de gas, es decir, adelantó en el tiempo lo que realmente pasó”.
Así mismo, ha destacado que Escal UGS ha sido “pródiga y bondadosa” en las instalaciones y hubiera podido ser “generosa” en establecer análisis de riesgo y planes de cumplimiento. Ha explicado que se pudieron adoptar medidas preventivas y cautelas con los datos que había en aquel momento, “ya que había indicios que establecían que no se estaba ante una situación normal”.
La representante del Ministerio Público considera que no se informó de manera clara de lo que les había transmitido el Observatorio del Ebro, ni a la hora de facilitar los sismos.
Angustia “comprensible”
Por otra parte, ha recordado que en septiembre se empezaron a sentir los primeros movimientos por parte de la población, “y se ha intentado minimizar que no pasó nada y que la alarma era injustificada, pero, según los perjudicados que han comparecido, se sabe cómo percibieron esos terremotos”. “La angustia de los ciudadanos era comprensible, y no es lo mismo ciudadanos acostumbrados a movimientos en otras zonas que aquí, que cualquier alteración o movimiento se vive con mayor intensidad”, ha añadido.
“Lo que es incuestionable es que afectó a la intimidad personal y familiar, a la inviolabilidad del domicilio y a la calidad de vida de los ciudadanos de las poblaciones afectadas, y el peligro es grave porque los afectados fueron muchos”, ha apuntado.
La fiscal, que cree que concurrían los presupuestos para activar el plan de riesgo sísmico de la Comunitat Valenciana, ha señalado que se infringieron los reales decretos de concesión, pues -según ha dicho- las operaciones deberían realizarse en términos de seguridad, sin riesgo para personas y bienes, “y esto fue incumplido”.
Por su parte, la letrada de la acusación particular ha resaltado en su informe que ha quedado probada la relación entre la inyección de gas y la sismicidad. Así mismo, considera que queda demostrado que la monitorización sísmica fue “insuficiente y poco eficaz, además de errónea”, y ha añadido que no se realizó en tiempo real“. ”El índice de presión máxima que estableció el Instituto Francés del Petróleo no era de estudios propios, es como si la compañía se hubiera puesto su propio límite de presión“, ha dicho.
La abogada también se ha referido a los informes que han realizado para valorar los daños morales de los miembros de la asociación APLACA, a la que representa, y ha señalado que “el miedo a las consecuencias catastróficas era real”. “Resulta coherente solicitar la indemnización por la exposición continua a 552 seísmos”, ha apuntado.
Sin prueba de cargo
La defensa del expresidente de Escal UGS Recaredo del Potro ha manifestado que el planteamiento de la fiscal se construye sobre la base de un “inaceptable sesgo retrospectivo” y no tiene prueba de cargo. “Hay un clamoroso vacío probatorio y estamos ante un relato fáctico prefijado de antemano”, ha afirmado.
Ha manifestado que Escal UGS contaba con auditorías que confirmaban que se cumplían los estándares más elevados de la industria desde todos los puntos de vista. Además, ha añadido que la monitorización que realizó el Observatorio del Ebro funcionó. Ha recordado que cuando se indicó que había aumentado el número de terremotos, la empresa decidió bajar el caudal de inyección.
“Escal actuó de manera responsable, prudente y adecuada a las circunstancias de la fase de inyección”, ha señalado el abogado, quien ha recordado que no había un protocolo en España que estableciese cómo se tenía que actuar cuando hubiese sismicidad. “No hay pruebas sobre la autoría de los acusados, que solo confiaron en las personas cualificadas que tomaron la decisiones adecuadas”, ha concluido.
Por su lado, la defensa del que fuera consejero delegado de Escal UGS José Luis Martínez Dalmau, ha asegurado que nadie en el juicio ha precisado qué impacto concreto de tipo medioambiental se produjo. “La sismicidad fue congruente con la sismicidad de la zona, pues antes se habían producido seísmos de este tipo en la zona, fue un fenómeno temporal y transitorio, no se puede decir que la peligrosidad sísmica ha aumentado y no generó riesgo contra el medio ambiente ni tampoco daños materiales ni morales”.
“Ha ocurrido un fenómeno de sugestión inducida a veces por las propias compañías aseguradoras y nada se ha acreditado sobre los sentimientos de ansiedad o miedo de los afiliados en APLACA”, ha agregado.
Finalmente, la defensa de Escal UGS ha destacado que hubo un sistema de prevención de riesgo sísmico “adecuado”, y que se buscaron mecanismos para evitar que se incrementaran las presiones. “Escal adoptó medidas sin ninguna duda”. ha dicho. Los acusados no han querido hacer uso de su derecho a la última palabra.