La fiscal delegada de la sección de Memoria Democrática y Derechos Humanos en la Fiscalía Provincial de Valencia, Susana Gisbert, ha advertido de que el contenido de la Ley de la Concordia aprobada por el Gobierno valenciano --con los votos del PP y Vox-- “choca” con la regulación estatal sobre esta misma materia.
Gisbert se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a Europa Press tras la aprobación, la pasada semana, de la norma en el Parlamento valenciano, que sustituye la Ley de Memoria Democrática de 2017 y se retrotrae hasta 1931 en lugar de hasta el inicio de la democracia.
Gisbert, también fiscal delegada de la sección de delitos de Odio y Contra la Discriminación, ha indicado que el contenido de la nueva normativa, que perseguirá los crímenes de la II República, los de ETA y todos los grupos terroristas que están sin resolver, entre ellos los del terrorismo islamista, y los del franquismo, “choca con la regulación estatal de la misma materia”.
Así, ha insistido en que en la medida en que la normativa autonómica “choca” con el planteamiento efectuado en la ley estatal, “vamos a tener problemas serios de ejecución”, ha subrayado.
Al respecto, ha explicado: “Hay un conflicto de competencias entre las dos leyes que, a la hora de ejecutar actos, dará lugar a problemas. Es decir, los delitos de odio, por ejemplo, seguirán siendo delitos de odio pero, a la hora de dar ayudas para pedir fosas del Franquismo o en el reconocimiento de otro tipo de actos, se van a plantear problemas”, ha dicho.
En este sentido, ha aclarado que no se tratará de problemas penales, “porque los delitos seguirán siendo los mismos” y, además, lo que es competencia estatal, “se respeta”. “Pero en la órbita administrativa pueden haber actos que estén dentro de la ley valenciana y fuera, y puede ser conflictivo”, ha repetido.
Iguala a los dos bandos
Preguntada por si considera que la Ley de la Concordia blanquea el Franquismo, ha dicho: “A diferencia de la ley estatal que establecía la reparación de estos casos que durante 40 años no han podido ser objeto de reparación, la Ley de la Concordia iguala a los dos bandos, el que se sublevó y el que tenía legitimidad. Igualarlos es dejar sin efecto esa concepción”, ha afirmado.
Sobre un posible recurso ante el Tribunal Constitucional por esta normativa autonómica, la fiscal ha asegurado que es difícil adivinar cómo podría acabar: “Tendríamos que saber en qué se basa el recurso. Lo que más me llama la atención es el choque de competencias”, ha resaltado.