Dos agentes de la Policía Nacional y un guardia civil en prácticas se enfrentan a una petición de pena por parte de la Fiscalía antidroga de tres años de prisión, además de multa e inhabilitación, por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber supuestamente proporcionado información sensible de bases de datos restringidas a una red de narcotráfico. Los tres uniformados, además de dos narcos que blanqueaban importantes cantidades de dinero proveniente de su presunta actividad criminal, se sientan este miércoles en el banquillo de los acusados ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia.
La Fiscalía Antidroga, según el escrito de conclusiones provisionales, acusa a Ricardo M. G. M. y a Miguel Ángel M. L., ambos destinados en la comisaría de la Policía Nacional del distrito de Marítimo de València, de acceder ilegalmente a bases de datos de ficheros sobre antecedentes y requisitorias policiales y judiciales para pasar la información solicitada a los dos principales acusados, los presuntos narcos Francisco Javier G. M. M. y José H. F.
Uno de los agentes consultó a petición del acusado Francisco Javier G. M. M. la matrícula de un vehículo policial que había sido detectado por el narco en labores de seguimiento. También accedió a fichas policiales de terceros y a una base de datos sobre denuncias para “advertir” al narco “sobre su persona a nivel policial”. El agente mantenía amistad en Facebook con el acusado y conversaban a través WhatsApp.
El uniformado accedió al fichero 'Personas' y realizó una consulta sobre un individuo al que le constaba una orden de ingreso en prisión dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. “A pesar de lo cual”, agrega el escrito del fiscal antidroga, “con claro incumplimiento de sus obligaciones profesionales, no comunicó dato alguno a sus superiores que pudiera facilitar el cumplimiento de la orden de ingreso en prisión”.
Miguel Ángel M. L., el otro policía acusado, también realizó consultas en el sistema 'Argos' para conocer si sobre el narco pesaba alguna requisitoria grabada. Hasta en cuatro ocasiones, entre 2018 y 2019, el uniformado accedió al fichero 'Personas' para interesarse sobre Onofre G., un conocido narcotraficante y culturista propietario de un gimnasio en Quart de Poblet. Una consulta que “no tenía justificación alguna dado su puesto de trabajo”, indica el escrito del Ministerio Fiscal.
El agente también consultó sobre un hombre que arrastraba una orden de detención por parte de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional y que resultó ser amigo suyo y suegro de uno de los narcos acusados en la causa.
Por su parte, Daniel C. C., agente de la Guardia Civil en prácticas en el Puesto Principal de Carlet (València), mantenía amistad con los dos narcos y con uno de los policías acusado. El miembro del Instituto Armado participaba en un chat de mensajería instantánea en el que se le “demandaba información” que únicamente podía obtener en bases policiales. Así, consultó en la aplicación SIGO sobre los dos narcotraficantes y sobre vehículos de la red.
Las consultas, según el Ministerio Público, “no tenían justificación alguna” relacionada con su cometido profesional como agentes policiales. La Unidad de Asuntos Internos llevó a cabo vigilancias, seguimientos (incluyendo la colocación de dispositivos de localización de vehículos), además de intervenciones telefónicas, ante la posible implicación de los uniformados en la presunta red criminal.
Durante la investigación, uno de los narcos entregó un millón de euros a la ciudadana de nacionalidad china Feiliu L. En uno de los vehículos hallados durante los registros, los investigadores hallaron 1,7 millones de euros en diversos fajos almacenados en bolsas termoselladas. También un kilo de cocaína, entre otras drogas, máquinas de contar billetes y una báscula de precisión.
Blanqueo con lotería y compra de viviendas
A uno de los narcos se le intervinieron cinco DNI y una carta de identidad italiana, todos ellos documentos robados, que usó “torticeramente” para dar de alta líneas telefónicas y tarjetas prepago de Correos.
La red también usó a familiares para blanquear el dinero procedente del narcotráfico. Los investigadores detectaron varias operaciones de blanqueo mediante la adquisición de cinco viviendas (una de ellas en Ibiza), una licencia de taxi y siete décimos de lotería.
La Fiscalía pide nueve años y nueve meses de prisión para Francisco Javier G. M. M. por los presuntos delitos de tráfico de drogas, falsificación de documentos privado, mercantil y oficial, conducción sin permiso y blanqueo de capitales. Al otro acusado, José H. F., el Ministerio Público le pide cuatro años y medio de cárcel por los presuntos delitos de tráfico de drogas y falsificación de documento privado.
El fiscal también solicita el decomiso y la adjudicación al Estado de los vehículos, las viviendas y los saldos de cuatro cuentas bancarias.