La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal para averiguar si el Ayuntamiento de Valencia ha estado troceando contratos desde 1994 para favorecer al “conglomerado de Trasgos”, empresa con la que ha facturado más de 2,7 millones de euros a lo largo de estas dos décadas por la realización de eventos como Expojove, la Japan Week, Valencia Ya o anuncios publicitarios de la Policía Local.
La investigación arranca a raíz de una denuncia del Grupo Municipal de Compromís, en la que, según ha explicado este lunes su portavoz, Joan Ribó, se advierte de que el consistorio ha fraccionado “reiteradamente” contratos para no llegar al importe mínimo que le obliga por ley a sacar los contratos a concurso público y así poder adjudicarlos directamente a lo que denomina el “conglomerado de Trasgos”, integrado por Trasgos Comunicación SL, Cuco Comunicación SL, Tannhäuser Producciones SL y Construcciones Paya y Montesinos SL, todas ellas con los mismos socios y el mismo domicilio fiscal.
2,7 millones de euros
En concreto, la denuncia de Compromís abarca contratos adjudicados por el Ayuntamiento por valor de 2,2 millones más cerca de 500.000 euros que la Federación Deportiva Municipal pagó a estas empresas por varios contratos en condiciones en su opinión “absolutamente escandalosas” y sobre las que el interventor mostró su “disconformidad” por “omisión de trámites esenciales y previa fiscalización del gasto” e “incumplimiento de los preceptos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”.
Así consta en la documentación aportada por el Compromís, en la que también pone de manifiesto que la Federación Deportiva Municipal “burló” la ley de contratos hasta en tres ocasiones en diferentes años, evitando el proceso de licitación, precisa la denuncia.
Denuncia también que Enrique Pérez Boada, concejal de Deportes entre 1995 y 2002 otorgó contratos a la empresa Trasgos por valor de 270.000 euros y desde la Federación Deportiva Municipal por valor 214.000 euros, en ambos casos por dos años prorrogables. Posteriormente, en del 27 de febrero 2003 y noviembre de 2004 fue miembro del Consejo de Administración de Trasgos.
“Casualidad terrible”
En el caso de Expojove, Ribó ha señalado que le parece una “casualidad terrible” que desde 2000 y 2014 siempre haya sido “exactamente la misma empresa”, Trasgos, la escogida para llevar a cabo diferentes servicios. En total se le han pagado 880.000 euros.
Asimismo, ha llamado la atención sobre la cantidad de facturas por importe ligeramente por debajo de 12.000 euros antes de 2007, cuando la Ley de Contratos de la Administración Pública fijaba esa cifra como límite para hacer adjudicaciones directas y posteriormente de facturas que rozan los 18.000 euros, cuando la norma eleva a esta cifra la obligatoriedad para sacar los contratos licitación pública.
Compromís vuelve a aportar las facturas de la Japan Week, por un valor global de 62.000 euros y que considera que fueron fraccionadas para evitar el concurso público. Fiscalía archivó esta denuncia en su momento pero Compromís las mantiene en esta nueva denuncia porque cree que no es lo mismo ver la Japan Week por sí sola que valorarla junto a lo sucedido en Expojove, Valencia Ya y los anuncios publicitarios.
En el caso de Valencia Ya, en 2004 hay tres facturas de 11.980 euros, cuando a partir de 12.000 era obligatorio concurso público. 2005 y 2006 también por debajo, remarca Ribó
Para publicidad y anuncios oficiales, en estos años se han pagado hasta 361 euros a Trasgos. En el 2006, a su entender hay un “fraccionamiento muy claro” en la campaña de Policía de Barrio, concretamente se le adjudica por 11.944 euros y a Cuco 11.994 euros.
Por último, Ribó ha querido resaltar el papel de Trasgos como “proveedor habitual” del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, a quien ha facturado un total de 27.257 euros en los 2005, 2007, 2008 y 2009, ha concluido.