La Fiscalía de Castellón comunicó el miércoles el archivo de la denuncia que interpuso el gerente del Hospital Provincial de esta ciudad, Joaquín Sanchis, sobre supuestas irregularidades en la facturación entre los años 2003 y 2015 en este ente sanitario. Después de meses de investigación, el Ministerio Fiscal concluye que pudo haber “irregularidades administrativas y contables”, pero no “delitos de prevaricación o malversación”.
Sanchis acudió a la Justicia siguiendo indicaciones de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. El pasado mes de marzo, la consellera Carmen Montón, explicó que la denuncia se refería a 32 millones de euros que fueron pagados por el hospital a varias empresas. Una de ellas fue Piaf, “vinculada a la trama Gürtel” y que ya admitió “la financiación irregular del PP”, explicó Montón. “La duda que se tenía es que si además de irregular podía ser constitutivo de delito. La justicia está trabajando”, afirmó en aquel momento la consellera.
En su decreto de este miércoles, la Fiscalía aporta sus conclusiones respecto a esta cuestión. Afirma que las irregularidades consistían en que las facturas “en unos casos, superaban los importes contemplados en los expedientes de contratación, y, en otros, se habían emitido sin soporte o cobertura contractual”. Pero este desorden “parece obedecer más a una mala gestión de los fondos o a la insuficiencia de los mismos”, afirman.
No consta apropiación de fondos públicos
“No consta”, continúa la fiscal encargada del caso, “ninguna apropiación o distracción de caudales públicos, que únicamente podía haberse producido en el supuesto de que las facturas fuesen ficticias y no obedeciesen a trabajos efectivamente realizados, circunstancia que no resulta acreditada”.
La fiscal añade, “a mayor abundamiento”, que los hechos denunciados han seguido produciéndose en los años posteriores a la denuncia. Como muestra, cita un informe de auditoría relativo al año 2016 de la Intervención General de la Generalitat que describe cómo “alguna de aquellas prácticas irregulares que se denunciaron continúan produciéndose, y, por esta razón, realiza una serie de recomendaciones que, como ahora, debían haberse seguido en el período de tiempo denunciado”.
La Fiscalía recuerda que la denuncia puede volver a presentarse, esta vez a través de los juzgados de instrucción de Castellón.
Obligación de controlar el dinero público
Este mismo miércoles, el gerente del Hospital Provincial reaccionó al decreto de la Fiscalía a través de un comunicado. Joaquín Sanchis recordó que había detectado “irregularidades relacionadas con la facturación emitida (...) por parte de, entre otras, las empresas PIAF y TELECSO durante los años 2003 y 2015. La facturación irregular alcanzó en total los 33 millones de euros”.
Sanchis explicó que ante este hecho, la obligación de los órganos de gestión del hospital es “trasladar a las entidades competentes las irregularidades que se detecten para garantizar el buen uso del dinero público, tal y como se ha procedido en este caso”. “Ante la sospecha del mal uso de dinero público”, continúa la nota, “remitió esta información a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia que, a su vez, la derivó a la Fiscalía de Castellón”.
Moliner pide la dimisión de Montón
El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, pidió en la mañana del miércoles al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el cese de la consellera Montón por “cometer la imprudencia desde la mala fe de lanzar toda la sarta de acusaciones que lanzó aun a sabiendas de que estaba utilizando públicamente su cargo con beneficio político y que estaba formulando acusaciones falsas”, afirmó.
Además, Moliner pidió a Puig que detenga el “desmantelamiento del Hospital Provincial” que lleva produciéndose, afirmó, “desde la fecha de la denuncia hasta hoy” porque “estamos asistiendo a la mayor fuga de talento de la historia del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón: se han ido oncólogos, cirujanos y radiólogos”.