La Fiscalía de Valencia ha archivado la investigación abierta por la ocultación de miles millones de euros en gastos de la Generalitat Valenciana por la que la Comisión Europea ha multado con 19 millones de euros a España por tergiversar los datos nacionales de déficit y de deuda del país a lo largo de varios años.
La acusación pública abrió una investigación tras la denuncia del sindicato CGT, que, en base a los informes de la Sindicatura de Cuentas, creía que la Generalitat, fundamentalmente durante los gobiernos de Francisco Camps, pudo haber cometido los delitos de prevaricación y malversación.
CGT, como la Sindicatura de Cuentas, la oposición al PP y gran parte de la prensa, habían alertado en muchas ocasiones del falseamiento sistemático de las cuentas públicas valencianas castigado por la Unión Europea. Ni el gobierno de España, que ha recurrido el fallo, ni la Comunitat Valenciana, quieren asumir la multa.
El sistema, de conocimiento público, no tenía nada de sofisticado: se adquirían productos o servicios que ni se contabilizaban ni se abonaban –en la jerga política, facturas en el cajón- hasta que se encontraba el dinero, normalmente vía crédito. Entonces afloraban y pasaban, generalmente, a engrosar la deuda de la Generalitat, una administración quebrada.
Esta grosera manipulación estadística quedó al descubierto en 2012, con la llegada del PP al gobierno de España. Entonces, Hacienda tenía interés en revelar el tamaño exacto del agujero en las cuentas públicas. Y la Comunitat Valenciana tenía un boquete enorme: había ocultado facturas por miles de millones de euros, casi todas correspondientes a gasto sanitario, entre 2008 y 2011.
Todas ellas salieron a la luz cuando el gobierno lanzó un plan especial de pago a proveedores al que se acogió la Generalitat presentando más de 300.000 facturas escondidas por la Conselleria de Sanidad. Muchos de esos gastos, según CGT, se acometieron sin consignación presupuestaria y prescindiendo del procedimiento de contratación pública. El sindicato habla de 1.800 millones de euros.
CGT citaba en su denuncia, entre otros, la compra habitual de “productos farmacéuticos y sanitarios a dedo considerándolos contratos menores” eludiendo así el preceptivo concurso público. El sindicato cree que en ésta y otras prácticas se podrían dar, al menos, los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de fondos públicos. La Fiscalía no opina así.
Su escrito de archivo del caso, escueto, se basa parcialmente en los informes de la Conselleria de Sanidad y los auditores internos de la Generalitat –la intervención general- para concluir que los servicios y sus correspondientes pagos fueron reales y, por tanto, legales.
La acusación no entra en el núcleo de la denuncia de la CGT: las adjudicaciones de los suministros, obras y servicios se realizaron a dedo evitando los procedimientos de concurso, su publicidad y la concurrencia competitiva obligatoria en todo procedimiento de contratación, como decía el sindicato basándose en las informes de la sindicatura de Cuentas.