La extensa investigación que ha llevado en secreto durante tres años el juez Jacobo Pin sobre el patrimonio y las cuentas de Carlos Fabra y su entorno familiar ha tenido consecuencias imprevistas en otros sumarios de presuntos casos de corrupción archivados provisionalmente y que afectaban directamente al expresidente de la Diputación de Castellón. La Fiscalía, según revela el auto del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló, ha solicitado la reapertura de las diligencias previas de investigación del caso del campo de golf de Borriol, vinculado al conocido golfista castellonense Sergio García, que llegó a ser número 2 de la clasificación mundial.
La solicitud del Ministerio Fiscal llega en “virtud de las investigaciones policiales practicadas” en la causa, hasta ahora secreta, que investiga el patrimonio de la familia Fabra y el presunto intento de “enmascaramiento”, según la expresión del magistrado, del patrimonio del expolítico del Partido Popular ante la tesitura e devolver a Hacienda la cantidad adeudada tras una sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Castelló.
El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional ha detectado que Victoriano García García y María Consuelo Fernández Beltrán, padres del golfista Sergio García, emitieron un cheque bancario nominativo a nombre de Carlos Fabra por valor de 100.000 euros. Victoriano García, administrador único de la mercantil Golf Borriol SL, que gestiona el campo de golf La Coma de Borriol, declaró ante el juez que el pago obedecía al capital del préstamo que se verificó“ a Carlos Fabra, según un contrato firmado el 15 de octubre del 2009.
El contrato, según apunta el auto del juez, preveía un plazo de amortización de un máximo de seis años (hasta el 15 de octubre del 2015). El juez desconoce si el supuesto préstamo fue devuelto y cómo fue devuelto, a pesar del requerimiento expreso del magistrado en ese sentido. En caso de que no haya sido devuelto, el magistrado quiere saber el “motivo que justifica la exención de la devolución si no se ha efectuado reintegro, pese a que el requerimiento incluía dicha petición expresa”.
En la causa que ahora pretende reabrir el Ministerio Fiscal estuvieron imputados Carlos Fabra y Victoriano García por un presunto delito de fraude societario. La mercantil Golf Borriol SL, que gestiona el campo de la localidad castellonense, históricamente vinculado a Fabra, abonó al hijo del expolítico del PP, Borja Fabra Fernández, 30.000 euros, según han detectado las pesquisas de la Udef. A requerimiento del magistrado, la empresa sostiene que el pago corresponde a las “diversas deudas asumidas originariamente por la Asociación Deportiva Club de Campo del Mediterráneo por el supuesto ”acuerdo de adjudicación de bienes y créditos en pago de asunción de deudas firmado el 29 de noviembre de 2013“. El acuerdo nace, según el auto del juez Jacobo Pin, por el supuesto préstamo que habría hecho el hijo de Fabra a la asociación de socios del club de golf, que fue asumido por la sociedad Golf Borriol SL.
La empresa ha sido absorbida por una Sicav (56,75% del accionariado) y una patrimonial (43,20%) localizadas en Luxemburgo y Victoriano García mantiene un 0,05% de la propiedad, según los datos consultados por elDiario.es en el Registro Mercantil. La sociedad, tras la cesión del ruinoso campo de golf a la familia del golfista Sergio García, ha tenido varias ampliaciones de capital en los últimos años: 500.000 euros en 2014; 4,1 millones en 2015; y 1,2 millones en 2016.
La sociedad participa en otra empresa, Pozo Romeral SA, de la cual Victoriano García es administrador único. Esta mercantil, domiciliada en el mismo club de golf, se dedica a la captación, depuración y distribución de agua. Golf Borriol SL realizó un segundo pago, en este caso abonado directamente a Carlos Fabra, y que “se correspondería” a parte del precio de las 24 acciones de la mercantil Pozo Romeral SA, según la escritura ante notario de la compraventa de acciones.
La investigación sobre el campo de golf la instruyó, hasta su archivo provisional, el magistrado Jacobo Pin, una auténtica bestia negra para Carlos Fabra. La investigación de la Udef sobre el patrimonio de Fabra y el presunto intento de “enmascaramiento” de sus bienes ha llevado a la Fiscalía a solicitar al juez la reapertura de las diligencias, según desliza Jacobo Pin en el auto. Otro frente que, inopinadamente, se le reabre al expolítico del PP.