La Fiscalía pide procesar al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, al considerar que existen indicios de delito de prevaricación en el despido de la cuñada de Luis Barcala, portavoz del PP municipal, del puesto que ocupaba como interina en la Concejalía de Cultura y que los 'populares' denunciaron en su día al considerar que se le cesó como represalia a la denuncia que habían puesto por el caso Comercio.
El ministerio público, en el escrito que presentará al Juzgado de Instrucción 2, que investiga el caso, pide que no se archive la causa abierta al alcalde de Alicante y que se dicte auto de procedimiento abreviado --de procesamiento--, fase previa a la apertura de juicio oral.
Según han indicado a Europa Press fuentes del ministerio público, el informe elaborado por el teniente fiscal, José Llor, y que presentarán en el juzgado que investiga la causa, está “muy razonado y fundamentado relatando los hechos”, y al respecto han indicado que existen “indicios de posible delito” en la actuación del alcalde.
Echávarri acaba de ser procesado por otra causa que se encuentra actualmente pendiente de apertura de juicio oral, se trata del llamado caso Comercio en el que, a raíz de una denuncia del PP, se ha investigado un presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía cuando el primer edil estaba al frente de la misma y en el que se acusa a Echávarri de otro delito de prevaricación.
Así, el despido presuntamente irregular de la cuñada del portavoz del PP fue denunciado por dos particulares, quienes acusaron al alcalde de ordenar el cese de la trabajadora interina del área de Cultura en supuesta represalia por la denuncia del fraccionamiento de contratos de Comercio.
Al respecto, obra en la causa un mensaje publicado en abril de 2017 por el propio Echávarri en su perfil de Facebook, en el que señalaba que la denuncia interpuesta por el PP por las facturas de comercio había “acelerado” la decisión del despido.
El ministerio público sí solicitará el sobreseimiento de las actuaciones sobre el concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, que también figura como investigado en la causa por el despido de la trabajadora municipal familiar de Barcala.