El mismo día y a la misma hora que las Corts Valencianes debatían si abrían una comisión de investigación sobre el posible conflicto de intereses del president de la Generalitat al condonar una deuda a un grupo de comunicación en el que tiene intereses, Ximo Puig presidía un acto del periódico del que es accionista.
Puig había estado hasta pasadas las 11 de la mañana en el Parlamento valenciano porque era jueves y tuvo sesión de control, pero decidió no quedarse a un debate propuesto por Ciudadanos para marcharse a un acto de su periódico. El presidente, dueño y señor de su agenda, podría haber ido a cualquier lugar de la Comunitat Valenciana a atender las decenas de problemas que tienen los valencianos. Pero decidió ir a Castellón a un sarao, permítanme la expresión, montado por Mediterráneo.
El acto, que se celebró en el hotel Intu, lo patrocinaba -es decir, corría con los gastos- el grupo Facsa. El presidente de este todopoderoso grupo de Castellón, que presidió el acto junto a Puig, es Enrique Gimeno, uno de los empresarios que confesaron ante la Audiencia Nacional que financiaron con dinero negro al PP de Francisco Camps. ¡En enero de 2018!
Ximo Puig no sería presidente de la Generalitat si valientes diputados del PSPV no hubieran presentado en 2009 una querella contra el PP de Francisco Camps y los empresarios que financiaron con dinero negro las campañas electorales que permitieron a los populares arrasar en sucesivas elecciones.
Fue el principio del fin al que ayudó también Compromís y que se aceleró con la aparición de Podemos en 2014. Esa denuncia, que firmó el propio Ximo Puig, incluía a Enrique Gimeno y a otros empresarios contratistas de la Generalitat que han ingresado cientos de millones de euros públicos en las dos últimas décadas. Todos acabaron confesando.
La condena de la Audiencia Nacional sobre los empresarios fue a título personal, lo que ha permitido que haya pocas rendijas legales para evitar que las empresas de estos patronos tramposos sigan haciendo negocio a espuertas con el dinero público de los valencianos.
Pero lo que sí que podría hacer la Generalitat y la primera institución de los valencianos es no blanquear a esos empresarios que pervirtieron la democracia. Ni que sea por respeto a los otros -muchos más- que no entraron en el juego y se negaron a pagar comisiones pese a perder contratos con la administración.
Si un presidente de la Generalitat se hace fotos con corruptos confesos, ¿qué no pueden hacer ya los ciudadanos? La justicia ha cumplido condenando estas prácticas. Los electores también, echando a quienes saquearon la administración autonómica. ¿Por qué los políticos no? Y no solo va por el presidente, que es el máximo responsable de esa ignominiosa foto, sino por sus socios de gobierno de Compromís y Unidas Podemos. ¿Alguien ha afeado a Puig esta conducta?
Mal favor le harán al presidente de la Generalitat su equipo y sus socios en el Consell si no le llaman la atención por esta actitud, que no debería volverse a repetir. La foto del jueves con uno de los financiadores de la trama Gürtel erosiona la imagen de Ximo Puig, pero más daño le hace a la institución. Y tiene una definición: se llama blanquear la corrupción.