“Con estas sociedades Eduardo Zaplana no tiene ninguna relación, pero sí conoce a Fernando Belhot [Berhot, según la transcripción judicial] y ha tenido con él muchas reuniones”. Así responde a una pregunta sobre las sociedades usadas supuestamente para el cobro de comisiones ilegales y su camuflaje fiscal Francisco Grau, considerado por la juez del caso Erial el artífice de la trama de cobro de mordidas y blanqueo de capitales que implica al expresidente valenciano y exministro del PP. Por otra parte, Belhot es un abogado uruguayo especialista en crear entramados de empresas para blanquear capitales con el que aparece en contacto Zaplana en el sumario.
Grau, que se presenta como asesor fiscal de Zaplana, exculpa reiteradamente en su declaración al expolítico. “En opinión del declarante, si bien Eduardo Zaplana es muy amigo de Joaquín Barceló, no tiene relación alguna con las sociedades hasta ahora mencionadas”, se recoge en un pasaje de su interrogatorio y en otro reconoce que Zaplana “conoce y es amigo” de Roberto Batauche, socio del puerto deportivo Marina Greenwich, “pero no tiene ni ha tenido ningún negocio con Batauche”. Según la investigación judicial, la trama de Erial intentó comprar ese puerto.
El único de los detenidos en la operación Erial en mayo de 2018 que no se negó a declarar ante la jueza fue Francisco Grau. En cambio, sí que se acogieron al derecho a no declarar el propio Zaplana, su supuesto testaferro Joaquín Barceló y su esposa, Felisa López, el exjefe de gabinete de Zaplana cuando era presidente, Juan Francisco García, y el empresario Vicente Cotino, condenado por financiar ilegalmente al PP valenciano, que supuestamente pagó las mordidas por adjudicaciones de la Generalitat Valenciana en el plan eólico y el concurso de licencias de ITV.
“No sabe el porqué se refiere Joaquín Barceló a él como el artífice de todo el entramado societario”, se lee en la transcripción del interrogatorio, en el que Grau añade que “ha mantenido reuniones con Joaquín Barceló y se ha tenido que levantar porque este se pone muy nervioso”.
Toda la declaración enfoca al supuesto testaferro de Zaplana y exculpa al exministro. Grau niega que fuera Zaplana quien le colocó como secretario del consejo de la extinta Caja del Mediterráneo (CAM) y alega que fue un hermano de Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación de Alicante imputado en el caso Brugal, quien lo propuso porque buscaban “profesionales de Alicante que no fueran políticos”. Niega también que gestionara el préstamo de la CAM con el que Zaplana compró su casa en Madrid y asegura que “no tuvo trato de favor”
Grau asume que preparó documentación para la ampliación de capital de Med Levante, empresa a través de la cual se cobraron supuestamente las mordidas, pero alega que la operación se la llevó Barceló, que era el administrador. Reconoce la compra por esa sociedad, cuya propiedad atribuye a Belhot, aunque fue usada por Cotino para pagar las comisiones, de dos apartamentos en el puerto de Altea, pero niega cualquier interés en la empresa. “Por mucho que se le diga que lo ha manifestado Joaquín Barceló, no es socio de ninguna de las sociedades con él”, señala la transcripción de su declaración.
En otro momento, Grau dice que Belhot “viaja mucho y tiene un importante patrimonio por todo el mundo” y que envió mucho dinero desde Luxemburgo. El abogado uruguayo, explica, “llegó a tener una cuenta con dos millones de euros en una sucursal de Madrid”. Pese a ello, asegura que “desconocía de Belhot estuviese investigado por la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales”.
A Grau “no le consta que Eduardo Zaplana tenga relaciones societarias con Belhot, y tampoco le consta que Eduardo Zaplana tenga sociedades en Andorra”. En otro momento reconoce “que es cierto que asesoró a Joaquín Barceló cuando el mismo le pidió asesoramiento para presentar una documentación en Andorra y el declarante le dijo que tenía que presentar cuentas anuales, impuesto de sociedades, etc...”.
Una parte de la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) revela que Zaplana, además de unas cuentas millonarias en Suiza que la jueza ha bloqueado, habría usado empresas y cuentas bancarias a nombre de intermediarios en Andorra para blanquear el dinero supuestamente detraído de las arcas públicas.