Las funcionarias que sufran violencia de género podrán trasladarse de puesto de trabajo y tendrán derecho a seis meses de baja sin perjuicio económico. La Generalitat Valenciana ha desarrollado el protocolo de movilidad para las empleadas públicas, un derecho reconocido desde 2010 en la ley de Función Pública, al que no se había prestado atención.
“En dos años nos hemos dado cuenta de que apenas hay peticiones vinculadas a la violencia de género”, ha explicado la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que considera que es por desconocimiento. Por ello, entre su departamento y el de Igualdad, consensuado con los sindicatos y entidades feministas, se ha elaborado una guía para las empleadas públicas víctimas de violencia machista. “Sin el conocimiento de los derechos, no se pueden ejercer” ha señalado la consellera.
El sumario recopila los derechos a los que pueden acogerse las víctimas y todas las medidas de protección que la ley reconoce. Según han explicado la consellera Bravo y la vicepresidenta del Consell, Mónica Olta, durante la presentación del protocolo, la ley de Función Pública valenciana regula las excedencias voluntarias a empleadas públicas por violencia de género, y desde 2004 existe la ley que regula las medidas de protección integral. La mayoría no se habían desarrollado, lo que las convertía en “papel mojado”, han insistido ambas.
La principal novedad del protocolo es la regulación de la movilidad interadministrativa para las trabajadoras y que no supondrá perjuicio económico. El viernes el pleno del Consell aprobará un convenio con ayuntamientos y diputaciones para extender el derecho a todas las empleadas públicas. Por el momento, afectaría a cerca de 10.600 mujeres en el ámbito de las funcionarias de la Generalitat. De este modo, las víctimas de violencia machista podrán trasladarse a otra conselleria, ayuntamiento o corporación provincial si así o estiman conveniente.
Además del traslado, las empleadas tienen derecho a baja de hasta seis meses y a una reducción de la jornada sin que se reduzca su salario. En el caso de cambiar de puesto de trabajo, el protocolo establece que el nuevo puesto deberá asemejarse lo máximo posible al anterior y, si hay diferencia en las retribuciones, las asumirá la administración de origen.
Las medidas serán adoptadas en el menor plazo posible: un máximo de 15 días para la movilidad administrativa y de 30 para la interadministrativa. Además, para proteger la identidad de la víctima, el registro estará únicamente a cargo de la directora general de función pública.