Personal funcionario de servicios técnicos del Ayuntamiento de València ha salido al paso ante las reiteradas manifestaciones realizadas por representantes del Partido Popular del Ayuntamiento de València en relación con el funcionamiento de los Servicios de Actividades y Licencias Urbanísticas.
Este grupo de funcionarios ha lamentado que según información periodística, el Grupo Popular propició junto a Ciudadanos una moción en el Pleno municipal de este jueves 27 de febrero en la que reclaman un aumento en el número de funcionarios encargados de resolver las licencias, tanto de actividades como urbanísticas, así como que se amplíe la atención presencial de dicho personal técnico para que se realice todos los días laborales de la semana, con cita previa telefónica o mediante correo electrónico.
Sin embargo y en la dirección contraria, “el pasado 10 de febrero María José Catalá, actual portavoz municipal de dicho partido, efectuó declaraciones recogidas por la Agencia EFE y difundidas por varios medios de comunicación, en las que afirmaba que el atasco de las licencias urbanísticas impide crear empleo y en las que se atrevía a asegurar que los servicios municipales solo dedican dos horas y media semanales a estos trámites, además de aportar cifras falsas y sin contrastar como que la tramitación de proyectos inmobiliarios tarda seis años de media en València, o que hay un colapso de 3.000 licencias y no se puede crear empleo ni actividad económica si hay un bloqueo tal por parte de la administración local”.
Por otro lado, el pasado 24 de enero de 2019 se publicaron por diversos medios declaraciones de Isabel Bonig (actual presidenta del PP de la Comunitat Valenciana) realizadas en Madrid y en el marco de Fitur 2019 y de la precampaña de las elecciones autonómicas de mayo, en las que prometía “una regulación más laxa para las viviendas turísticas y acusaba que la solicitud de compatibilidad urbanística es uno de los puntos más criticados por las asociaciones de apartamentos turísticos, al entender que es una gran barrera para poder darle ese uso”.
Y es que esta norma obliga a los dueños de las viviendas a solicitar el visto bueno del Ayuntamiento para poder inscribirse en el registro de la Generalitat Valenciana. Y, además, calificaba de “chapuza” la regulación al asegurar que ayuntamientos como el de València no expiden esos certificados porque “no saben cómo hacerlo”, de manera que se produce una “competencia desleal” ya que el alquiler de esas viviendas se hace igual, pero no pagan los impuestos correspondientes.
Por todo ello, “las trabajadoras y trabajadores de la función pública de este Ayuntamiento consideran estas recurrentes declaraciones como una falta de respeto hacia su trabajo y profesionalidad, puesto que pretenden desprestigiar frente a la opinión pública a quien tenemos una función pública esencial en el funcionamiento de la Administración, en la gestión de los bienes de la sociedad y en velar por la legalidad y la objetividad en la satisfacción de los intereses generales. Además, los datos son rotundamente falsos y malintencionados y se nos utiliza como instrumento partidista en una actitud y formas impropias de cargos públicos que pretenden gobernar las instituciones valencianas”.
Además, han lementado que “aún es más indignante que quien pretende denigrar a las empleadas y empleados públicos con estas mentiras y manipulaciones, representen a un partido político que ha sido condenado en causas de corrupción y que tiene a numerosos cargos imputados, procesados y condenados tanto en su grupo municipal, como a nivel autonómico y estatal”.
Precisamente, “las y los profesionales de este Ayuntamiento llevamos varios años realizando un notable esfuerzo para agilizar y mejorar la eficacia y el funcionamiento de unos servicios municipales que alcanzaron en la etapa anterior unos niveles de desprestigio y de falta de confianza inauditos, derivados de los numerosos casos de corrupción política y administrativa, así como de una escandalosa reducción de los recursos humanos necesarios –y en concreto, en los Servicios de Actividades y Licencias Urbanísticas- para poder desarrollar de forma adecuada estas labores al servicio de la ciudadanía”.
Por todo esto, han exigido “una rectificación pública inmediata de estos representantes políticos, cuyas declaraciones plagadas de mentiras y calumnias creemos que no deberían quedar impunes frente a la opinión pública que debe conocer también la opinión del colectivo funcionarial”.
Asimismo, han instado a que se ponga en valor su “profesionalidad y que dicho partido político proponga acciones positivas para conseguir entre todas y todos tener más recursos para ofrecer cada día un mejor servicio a la ciudadanía”.