“Allí estaba todo. Había muebles, folletos, montones de papeles y hasta una carpa”. Antonio Torres, director general de Relaciones con las Corts y responsable de la unidad de recuperación de la Generalitat Valenciana que busca rescatar lo que se pueda rescatar de los años de corrupción protagonizados por el PP, describe así la escena. En dos grandes trasteros ubicados en el sótano de un bloque de viviendas de Manises, localidad del área metropolitana de Valencia, estaba almacenado todo lo que quedaba de la extinta Fundación Agua y Progreso.
Se trata de los vestigios de la entidad que actuó como auténtico brazo propagandístico del PP valenciano a favor del conflictivo trasvase del Ebro y contra la política hídrica del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Un instrumento en el que los gobiernos de Francisco Camps gastaron 7,2 millones de euros procedentes de las arcas de la Generalitat durante los ocho años transcurridos desde la victoria de Zapatero, y su inmediata derogación del proyectado trasvase en 2004, hasta que en 2011 Mariano Rajoy llegó a la Moncloa con un programa que ya no recogía ese polémico proyecto.
Se conocía desde la legislatura pasada la cifra del dinero de la Generalitat gastado en la fundación (al que habría que añadir los fondos procedentes de otras administraciones como las diputaciones provinciales) porque el entonces diputado socialista Francesc Signes, hoy subsecretario de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, logró establecerla a fuerza de hacer preguntas y reclamar documentación al Consell presidido por Alberto Fabra. También se sabía que Agua y Progreso, centrada en la propaganda, fue liquidada en 2011 en cuanto Rajoy llegó al Gobierno.
Pero, aunque Signes denunció entre otras cosas que la entidad había gastado 1,8 millones de euros en una plantilla de media docena de personas y al menos 80.000 euros en hoteles y restaurantes, no se había podido entrar al detalle de los gastos al no disponer de las facturas ni de la documentación mercantil.
Toda esa documentación permanecía almacenada en los dos trasteros que, tras el cambio de gobierno se localizaron por casualidad gracias a que se detectó que la Generalitat pagaba gastos de una comunidad de vecinos en un edificio de Manises. Al averiguar a qué obedecían esos pagos, se descubrieron los dos trasteros. ¿Por qué en Manises y por qué en ese edificio? Ningún funcionario ha sido capaz de aclarar exactamente qué relación ligaba a la Generalitat con ese bloque residencial en concreto. Documentos aparte, del material allí almacenado se han reciclado algunos elementos, como la carpa publicitaria, que ahora sirve para proteger en el campo un tractor del área de agricultura.