El gobierno valenciano ha aprobado de tapadillo el desvío de 4.3 millones de euros presupuestados para subvencionar a los inquilinos de vivienda protegida para pagar a cuatro empresas promotoras con las que tenía deudas.
El gobierno valenciano tomó la decisión en su reunión del 2 de mayo, pero la medida sólo ha trascendido tras su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el BOE autonómico. La Generalitat, que debe 240 millones en ayudas a la vivienda protegida, está al borde de la quiebra.
De hecho, si mantiene deudas estratosféricas con los inquilinos, las empresas que participaron en el Plan de Vivienda de la Generalitat acabado en 2008 también sufren impagos. Cuatro de ellas, seis años más tarde, van a cobrar. Se trata de Visorén Renta, Fama Desarrollos Inmobiliarios, Ecosistemas Urbanos y Arrendament Immobiliari Assequible.
El Plan de Vivienda 2014 tenía un presupuesto de 10,2 millones de euros, por lo que algo más de un 40% irá a pagar las deudas con las empresas. Mientras, 50.000 personas o familias esperan que la Generalitat transfiera las ayudas comprometidas.
Las empresas sobre las personas
“Quedan en evidencia las prioridades del Consell”, ha denunciado María José Salvador, diputada del PSPV-PSOE. “Todo el mundo ha de cobrar”, dijo Salvador, “pero destinar casi la mitad de lo previsto en el Plan de Vivienda para todo el año solo a los promotores no es aceptable. Pedimos con los ciudadanos la misma diligencia que tienen con los promotores”. El problema es más grave: Hasta los promotores han cobrado con muchos años de retraso.