Las fundaciones y ONG que presten servicios públicos sanitarios podrán relacionarse con la administración en régimen de concesión, en lugar de depender de subvenciones. Es lo que prevé el decreto del Consell, que se tramitará como Proyecto de Ley en pocas semanas, al que este martes ha dado el visto bueno la comisión.
El Consell regulará con ello la situación de asociaciones sin ánimo de lucro, que prestaban los servicios pendientes de las subvenciones. Hay cerca de 50 entidades que prestan este tipo de servicios, desde el Instituto Valenciano de Oncología hasta pequeñas fundaciones locales que prestan apoyo a enfermos. Entre ellos, hay entidades que colaboran con atención psicológica a pacientes, rehabilitación de enfermos que han superado la fase aguda de su enfermedad, traslado de pacientes con hemodiálisis, podología, acogida de personas que padecen SIDA, tratamiento de enfermos mentales...
Según quienes defienden esta iniciativa, el sistema de subvenciones favorece el “clientelismo” para con la Administració, y ahora se pretende un sistema que mejora la sostenibilidad de las asociaciones, para que presten un servicio sanitario de calidad.
Este decreto cambia la forma de gestión para que las entidades que trabajan con la administración pública reciban las ayudas económicas mensualmente y no esperen a los presupuestos de la Generalitat, con el objetivo de evitar que se endeuden. También establece la posibilidad -incluida en una enmienda de Podemos- de se pueda adelantar un porcentaje del importe si la burocracia retrasara el trámite.
Pendiente de la ley de contratos
El PP, sin embargo, ve con celo este decreto. El grupo popular ha solicitado informes jurídicos -que han sido denegados- porque esta ley se aprobará en paralelo a una reforma en el Congreso.
La Cámara baja tramitará esta semana la transposición de la ley de contratos del sector público a la normativa europea y los populares temen que pueda afectar al decreto de concesiones sanitarias, ya que también regula contratos con la administración pública. A su juicio, la norma autonómica de Sanidad debería estar supeditada a la legislación estatal en contratación pública, y no estar a parte. Es decir, que según el importe del contrato se adecuen las bases, en lugar de la concesión.