Feria Valencia ha desvelado que su actual presidente, Rafael Catalá, presentará su dimisión el miércoles 31 de octubre después de 14 años en el cargo para dedicarse, según la versión oficial, más a su empresa y por motivos personales. Su sustituto en el cargo será José Vicente González, actual presidente de la patronal valenciana, que se enfrentará a un reto mayúsculo: gestionar una empresa con gravísimos problemas económicos.
De hecho, la Generalitat Valenciana debía 29.437 millones de euros al cierre de 2012, una cifra apabullante (casi el 30 por ciento del Producto Interior Bruto) que viene certificada por la contabilidad nacional del Banco de España. Un porcentaje pequeño pero significativo de ese montante, casi el 2 por ciento, es atribuible a Feria Valencia, una empresa controlada por la administración autonómica, el Ayuntamiento de Valencia y la Cámara de Comercio. Pese a todo, el recinto ferial, presidido por Alberto Catalá desde 2001, se niega a ser auditado por la Sindicatura de Comptes alegando que no es una empresa publica.
¿Por qué debe Feria Valencia casi 100.000 millones de pesetas? Dos son los motivos fundamentales: El negocio de la institución se ha desplomado y y el coste de la macroampliación impulsada en época de bonanza y culminada en 2006 resulta, a la vista de los números actuales, inasumible. La Feria es un complejo enorme -el mayor de España, con 230.000 metros cuadrados de superficie cubierta- con apenas actividad.
Una ampliación ruinosa
La faraónica ampliación de Feria Valencia es calificada por muchos de disparate. El proyecto original cifraba la inversión en 150 millones de euros. En 2001, Catalá aumentaba la previsión de la factura hasta los 300 millones. La fiesta, finalmente, costó más de 645 millones, cerca de cuatro veces la previsión inicial, aunque gran parte de la obra no se ha pagado.
De hecho, la Generalitat asume los pagos de las obras cuando la institución ferial no puede responder ante sus acreedores, lo que viene sucediendo habitualmente. Sólo en 2013, la conselleria de Hacienda ha presupuestado el pago de 30 millones de euros para pagar la ampliación del recinto. En 2012, como en años anterior, le inyectó 34 millones. Además, 227,5 millones de euros se financiaron con la emisión de obligaciones que vencen en 2027 y de cuyo principal responden casi al 50% la administración autonómica y la propia Feria.
Números rojos
La inauguración fue realidad en 2006 y muy poco después Feria Valencia empezó a perder dinero: 2,7 millones de euros en 2009, 9 en 2010 y 7,6 en 2011. La organización presidida por Catalá no sólo no puede pagar su ampliación, sino que ni siquiera es rentable en su actividad ordinaria. Por ello, en 2011 se despidió vía ERE a 106 trabajadores y se rebajó el sueldo de los demás. A pesar de estas medidas, la institución no tiene ni para pagar sueldos: En junio no abonó un 25% de las nóminas.
A pesar de todo, no parece que la Feria despegue, y gran parte de culpa la tiene el declive de varios de los salones que tradicionalmente le habían dado lustre, casos de la Feria del Mueble, el Juguete y otras relacionadas en mayor o menor medida con el ahora casi desahuciado sector industrial valenciano. Sólo Cevisama (sostenida por la industria azulejera de Castellón) y Hábitat (la fusión del mueble, el textil y la iluminación) resisten. Ahora se han fusionado. ¿Engordar para morir?