El acuerdo al que ha llegado la Fiscalía Anticorrupción con los principales acusados del caso Blasco para reducir penas de cárcel en las piezas 2 y 3 que quedan por juzgar a cambio de devolver parte de lo robado ha soliviantado a la acusación popular, la Coordinadora Valenciana de ONGD, que considera el acuerdo “inaceptable”. La Generalitat no ha aceptado todavía el pacto porque la intención es recuperar “todo el dinero”.
El exconseller encarcelado Rafael Blasco, el empresario Augusto César Tauroni y el que fuera jefe de servicio de la Conselleria durante el saqueo y uno de los cabecillas, Marc Llinares, se comprometen a vender propiedades para pagar el agujero provocado a las arcas públicas. A cambio, la responsabiliudad de Blasco y Tauroni pasaría de 16 años de prisión que pide ahora la Fiscalía a 2 años y seis meses, mientras que la responsabilidad de Llinares bajaría a 2 años y tres meses. El resto de procesados tendrían penas menores que les permitiría evitar la cárcel.
La postura de la Generalitat es clave, porque si se opone junto a la Coordinadora el acuerdo no sería posible. En cambio, si se sumara al acuerdo alcanzado por Anticorrupción se cerraría y con total seguridad salvaría a la mayoría de acusados de entrar a la cárcel y a Blasco y Tauroni con penas mucho menores.
La Generalitat pidió en su escrito de acusación se se impusiera una responsabilidad civil de 8 millones, cuatro por los fondos saqueados y otros cuatro por daños morales por haber hundido el nombre de la cooperación valenciana. Aceptar el acuerdo de la Fiscalía supondría no recuperar todo el dinero como pretenden.
Según el acuerdo de la Fiscalía, Blasco se compromete a vender su mansión de la Barraca d'Aigües Vives (Alzira), Llinares un chalés en Dénia y Tauroni dos apartamentos y el yate que tenía en Miami. Todos estos bienes están ahora embargados y en caso de condena la justicia los podría subastar y recuperar el dinero, que no cubre el montante de lo robado.