Vicente Boluda Fos, uno de los principales empresarios del puerto de Valencia y cuyos intereses privados se han cruzado con la reforma de la ampliación del muelle norte, es uno de los cuatro representantes de la Generalitat en el Consejo de Administración. El motivo alegado por la administración autonómica para designarlo consejero y que reza en su posición en la toma de decisiones es ser presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).
AVE es un lobby que reúne a los cien patronos más importantes de la Comunitat Valenciana, pero que legalmente no tiene ninguna representación institucional ni social. Nunca tuvo esa intención. Se le tiene como interlocutor oficioso de las administraciones por la relevancia de sus miembros y su impacto en la economía, pero no tiene capacidad de participar en el diálogo social o negociar convenios colectivos con los sindicatos.
Pese a este matiz y esa falta de institucionalidad, la Conselleria de Infraestructuras a petición de Presidencia de la Generalitat decidió nombrar a Vicente Boluda representante en el Consejo de Administración del Puerto de Valencia. De hecho, cualquier otro miembro de AVE sin intereses directos en las instalaciones portuarias valencianas sí que podría ser consejero, pero según la Ley de Puertos no el naviero propietario del Grupo Boluda.
Y es que la legislación estatal es muy clara. En su artículo 30.4 fija que no podrán formar parte de los consejos de administración de las autoridades portuarias “los propietarios, socios, consejeros, directores, gerentes, cargos de confianza, o directivos en general de sociedades o empresas que presten servicios o desarrollen actividades en el puerto cuya concesión, autorización o contratación sea competencia o corresponda suscribir a la Autoridad Portuaria”. Y solo plantea una excepción: “Salvo que ostenten un cargo de representación empresarial electivo de ámbito estatal, autonómico o local”.
Y a esta excepción es a la que se acogió la Generalitat Valenciana para nombrar a Vicente Boluda en la última remodelación de los consejeros autonómicos. El problema para este nombramiento es que AVE no sería estrictamente una representación empresarial.
Sí lo es, por otra parte, otro de los consejeros nombrados por el Consell, el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro. También se hubiera podido acoger a cualquier miembro de AVE sin intereses en el puerto.
Boluda se tuvo que salir de la reunión del Consejo de Administración que aprobó la modificación de la ampliación del muelle norte que beneficia a sus intereses al cambiarle una concesión que no utiliza por la posibilidad de construir una torre de oficinas de 13 pisos. El cambio de su concesión se valoró en varios millones de euros en favor del naviero valenciano.
En época del PP y con Arturo Virosque como presidente de la Cámara de Comercio, Boluda formaba parte del consejo del puerto desde 2004 como miembro de la dirección de esta entidad. En la actualidad la Cámara mantiene su representante, que es el empresario Francisco Corell. Por su parte, la patronal también tiene su representante en la persona de Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa.
Es más que llamativo que la Administración autonómica se haya jugado incurrir en una incompatibilidad cuando Boluda podía haber accedido al consejo de administración por otras vías. Incluso como representante de los sectores relevantes del puerto de Valencia, que designaron a Gustavo Ferrer Soriano, de Noatum. Eso sí, hubiera tenido que renunciar a sus intereses.